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Callao en la mira tras detención de César Pérez Barriga

Misma investigación. PJ confirmó que la incautación de más de 350.000 soles al teniente alcalde del Callao, César Pérez Barriga, forma parte de la investigación preliminar relacionada con presuntos pagos indebidos al interior de la FPF.

Se complica. Nuevas incautaciones complicarían la hipótesis fiscal que implicaría a Lozano. Foto: difusión
Se complica. Nuevas incautaciones complicarían la hipótesis fiscal que implicaría a Lozano. Foto: difusión

Se sigue tejiendo la supuesta red criminal. El Poder Judicial confirmó el día de ayer que la incautación realizada al teniente alcalde del Callao, César Pérez Barriga, forma parte de la etapa de investigación preliminar realizada en contra de exdirectivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), incluido el actual presidente Agustín Lozano.

Como se recuerda, dichas diligencias se realizaron el 15 de julio del presente año. En el operativo fiscal se retuvo la suma de 355.900 soles en efectivo.

Ese dinero se encontró en un departamento, ubicado en el distrito limeño de San Isidro, vinculado a Pérez Barriga, según información proporcionada por RPP.

De acuerdo con la cuenta de Twitter del Ministerio Público, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada realizó el allanamiento de 4 inmuebles, donde se halló esa cantidad de dinero sin lograr la acreditación de la procedencia del dinero.

Hasta ese momento se desconocía el sentido de dichas acciones fiscales.

Recién ayer, dicho medio de comunicación dio a conocer que el juez Richard Concepción Carhuancho confirmó que dichas diligencias “fueron declaradas fundadas ante el requerimiento de la Tercera Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada”.

Asimismo, según diversas fuentes, se confirmó que estos operativos se realizaron como parte de la investigación preliminar seguida a la FPF ante presuntos pagos indebidos realizados al interior.

No sería el último

Esta sería la tercera incautación realizada en el marco de las investigaciones preliminares contra la FPF.

En su momento, el fiscal superior titular y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, advirtió en una entrevista a La República que, como parte de las indagaciones de esta primera etapa, podría darse más de un allanamiento.

“Eso dependerá del fiscal provincial, si es que necesita más documentación. De ser así, se solicita a los investigados la entrega de lo requerido. Si no lo entregan voluntariamente a pedido del fiscal, volveremos a solicitar al fiscal una orden de allanamiento”.

Pasado común

Luego de la incautación realizada hace dos meses, la Municipalidad del Callao lanzó un comunicado en el que se desmarcó de la investigación realizada contra Pérez Barriga.

La comuna indicó que las diligencias realizadas no “tienen relación alguna con el trabajo del teniente alcalde como regidor municipal”. Esto en referencia a Pérez Barriga.

No obstante, existe un pasado que los vincula. En 2019, el actual alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro, fue cuestionado por un ciudadano por presunto proselitismo tras supuestos favorecimientos a Pérez Barriga cuando postulaba por Alianza para el Progreso (APP) durante las elecciones del 2020.

El camino del proceso penal contra Lozano y otros directivos se torna cada vez más complejo, lo que podría generar la ampliación de las investigaciones preliminares si es que el fiscal provincial del Tercer Equipo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, Juan Alberto Orihuela Legonia.

La etapa debería durar 36 meses

El 2 de marzo pasado, el equipo 3 de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada decidió ampliar la investigación preliminar a los directivos de la FPF por la presunta comisión de los presuntos delitos de extorsión, coacción, organización criminal y falsedad genérica en agravio de la ya mencionada institución.

El 24 de mayo, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada ejecutó una orden de allanamiento e incautación de documentos en la Videna.