
La obtención de la nacionalidad peruana se ha convertido prácticamente en "un sueño que no se puede alcanzar" para la gran mayoría de los migrantes que residen en el Perú, según lo mencionado por la abogada venezolana especialista en derechos humanos, Génesis Hung. La jurista señala que las condiciones establecidas en la Ley N.º 32421 imponen barreras económicas y geográficas que bloquean el acceso a la ciudadanía para miles de extranjeros.
Perú es el segundo país de Sudamérica con mayor población migrante y refugiada venezolana, y la falta de un estatus legal regularizado sigue siendo un desafío crucial.
El principal impedimento para la naturalización es de carácter económico. La legislación peruana exige a los interesados demostrar un salario anual equivalente a 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Según el cálculo para 2025, esto representa un ingreso anual aproximado de $15.000, una cifra insostenible para la mayoría de la comunidad migrante que presenta estatus laboral precario y recursos limitados.
"Es un requisito que evidentemente, y lamentablemente, la mayoría de las personas no pueden alcanzar. Estamos hablando de que el sueldo promedio en Perú, que es algo más de 2.500 soles para las personas peruanas y en el caso de las personas migrantes, es apenas poco más de 1.800 soles. Eso implica un hecho, que de cierta manera es un requisito, que carece de logicidad", advierte Hung para Latino Actual.
La abogada enfatiza que "es indudable que al final la nacionalidad es potestativa de cada país, el hecho de otorgarla o no", pero que se debería buscar condiciones que sigan permitiendo acceder a los "derechos de las personas migrantes y refugiadas".
Otro factor crítico, según la especialista, es la situación en las fronteras peruanas. Hung sostiene que el ingreso masivo y no regulado a través de pasos informales condena a los migrantes a la irregularidad migratoria desde el primer día. "Las fronteras democráticas son porosas, pero es precisamente porque no hay un proceso de control de ingreso y control de salida eficiente", menciona.
Esta irregularidad inicial se convierte en un obstáculo casi insuperable para obtener la residencia legal y, por ende, para optar por la ciudadanía.
"La frontera peruana no tiene ningún tipo de manera de ingresar de forma regular al país, al menos para la comunidad migrante venezolana, tiene que haber necesariamente una visa", advierte Hung, lamentando que no existan rutas de regularización efectivas que permitan cerrar la brecha. La abogada recalcó la necesidad de orientar a las personas hacia "canales seguros" y abogar por procesos de regularización lógicos y factibles.
Hung enfatizó la necesidad de establecer un proceso de regularización efectivo que permita a las personas integrarse y luego acceder a la nacionalidad, sin depender de requisitos de ingresos que no se ajustan a la realidad laboral de la comunidad migrante, la cual, según diversos estudios, "ha aportado al país".
"Esperemos que en un futuro se reflexione un poco acerca de los beneficios de la regularización y eso permita que la comunidad migrante pueda integrarse de una manera más óptima al país", menciona Génesis Hung.

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