
María (nombre ficticio para la protección de su identidad) es una madre de familia hondureña que ha vivido en la clandestinidad desde los 20 años en Estados Unidos, y ha establecido una vida en el sur de la Florida con esfuerzo y discreción. En 2005 llegó desde Honduras cruzando por California para buscar un mejor futuro en ese país. No contaba con redes de apoyo ni información clara sobre su estatus, y a tan solo dos meses de su ingreso no se presentó a una audiencia migratoria. Ese no comparecer de María hizo que se ordenara una orden automática de deportación.
Ahora, con 41 años y tres hijos ciudadanos estadounidenses, María recibe una multa de $1.82 millones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta cifra, calculada en función de $500 diarios desde el incumplimiento de la orden, la ha llevado a un fuerte inicio de angustia emocional. "Desde ese día vivo con ansiedad... No puedo dormir... No siento nada", declaró en una entrevista para CBS News Miami.
'María' enfrenta problemas en cuanto a su defensa ante la negativa de la política de Estados Unidos. Foto: El Heraldo
La abogada Michelle Sánchez, quien representa a María, calificó la multa como “absurdamente desproporcionada”. Explicó que ICE aplicó una ley de 1952 que permite castigar con multas a quienes incumplen órdenes de deportación. No obstante, insistió en que el caso de su clienta no refleja una actitud de rebeldía, sino una situación marcada por desinformación y abandono. “Mi clienta nunca fue notificada adecuadamente ni entendió las consecuencias legales”, señaló.
En 2024, Sánchez presentó una moción para reabrir el caso, argumentando que la residencia prolongada de María, su arraigo familiar y la estabilidad que ha construido ameritaban una revisión. Además, apeló a la política de discreción fiscal impulsada por la administración Biden. Sin embargo, la petición fue rechazada en marzo, y dos meses después llegó la carta de sanción del ICE, con la millonaria suma que ahora pesa sobre la madre de familia.
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Adicional al impacto personal y legal, el caso de María ha reactivado el debate sobre la aplicación de leyes migratorias en situaciones de larga permanencia. Su vida en EE.UU. ha transcurrido sin incidentes. Ha trabajado, criado a tres hijos ciudadanos, y se ha mantenido al margen de cualquier problema con la justicia. Hoy, teme ser deportada a un país que ya no considera hogar.
“Este es el país de mis hijos, esto es todo lo que conocen”, expresó con la voz entrecortada. Para ella, regresar a Honduras sería arrancar de raíz la vida que ha sembrado durante dos décadas. “Por favor, tengan piedad, quiero quedarme con ellos”, expresó.
El ICE aún no ha emitido una respuesta oficial sobre el caso. Mientras tanto, María representa una de tantas historias donde el cumplimiento inflexible de normas migratorias choca con realidades humanas complejas. Su situación plantea la discusión sobre la posibilidad que el sistema contemple excepciones cuando lo que está en juego es la unidad de una familia.

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