
El incidente ocurrió el 20 de diciembre, cuando el propietario envió a unos trabajadores para retirar las puertas y ventanas de la casa, en la que argumentó que iban a realizar la instalación de unas nuevas. Sin embargo, esta acción fue considerada un desalojo ilegal, ya que no se siguieron los procedimientos adecuados ni se notificó a los inquilinos sobre la medida.
La decisión del propietario de actuar de esta manera ha generado un gran revuelo, no solo por la falta de respeto a los derechos de los inquilinos, sino también por las condiciones climáticas extremas que enfrentan. La Justicia francesa ha intervenido y ha obligado al propietario a restituir las puertas y ventanas para garantizar la seguridad y el bienestar de la familia afectada.
Después del incidente, la Justicia obligó al propietario a reinstalar el inmueble. Foto: República Inmobiliaria
En la comuna francesa de Montigny-en-Gohelle, en Pas-de-Calais de Francia, el propietario, al no recibir el pago del alquiler, optó por una solución drástica y poco convencional. En lugar de seguir los canales legales para el desalojo, decidió tomar la justicia por su mano, lo que resultó en una condena judicial. Este tipo de acciones no solo son ilegales, sino que también pueden tener graves consecuencias para los propietarios, quienes pueden enfrentarse a sanciones y demandas por parte de sus inquilinos.
La situación se tornó crítica, ya que las temperaturas en la zona alcanzan los -4ºC por las mañanas, y esto ha puesto en riesgo la salud de la familia inquilina. La falta de puertas y ventanas no solo afecta la privacidad, sino que también expone a los inquilinos a condiciones climáticas adversas. La intervención de la Justicia se ha vuelto crucial para restablecer un ambiente seguro y habitable para la familia.
Sandrine, visiblemente molesta, explicó en un reportaje para el canal de televisión francés TF1: “Cuando me despierto a primera hora de la mañana, me pongo el albornoz y luego un abrigo encima. Eso es automático, sin él no es posible”, declaró.
Este caso resalta la importancia de que los propietarios sigan los procedimientos legales establecidos para el desalojo de inquilinos. La ley protege los derechos de los inquilinos y establece un marco claro para resolver disputas relacionadas con el alquiler. Ignorar estas normativas puede resultar en consecuencias legales severas, como ha experimentado el propietario en este caso.
Por el momento, la familia no ha aceptado la oferta de mudarse a otro departamento, a pesar de que, después del incidente, la mujer agraviada manifestó su deseo de trasladarse a otro inmueble lo antes posible.
El único caso en el que nunca está permitido echar al inquilino es para alquilarlo a otra persona. Si ninguna de las dos partes tiene una razón justificada para rescindir del contrato, echar a un inquilino para alquilar la vivienda a otra persona es ilegal.
No obstante, para iniciar un desalojo, el propietario debe presentar una demanda ante el juez competente, detallando las razones, como el incumplimiento del contrato o la falta de pago del alquiler. El proceso incluye una audiencia donde se evalúan las pruebas de ambas partes. Si el juez ordena el desalojo, se otorga un plazo para que el inquilino desocupe voluntariamente; de lo contrario, se procede al desalojo forzoso con apoyo policial.
Cuando ambas partes están de acuerdo en finalizar el contrato, el tiempo para desocupar el inmueble será el que acuerden, aunque si no llegan a un consenso, se aplicará el plazo estándar de tres meses.
Es esencial que el contrato de arrendamiento contenga cláusulas precisas que aborden la duración del mismo, las condiciones para su finalización y los plazos de desalojo. Si el contrato no detalla estos aspectos, las partes involucradas deben dialogar y establecer un plazo razonable para la desocupación del inmueble.
La ley permite desahuciar a un inquilino por impago del alquiler, y no establece ningún plazo mínimo durante el cual el arrendador deba soportar la falta de pago antes de acudir a los tribunales.

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