
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, informó que el gobierno de Dina Boluarte implementará la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios gestionados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La medida, que será oficializada en los próximos días, responde a la reciente fuga de un reo del penal de Lurigancho, lo que evidenció las deficiencias en el control en el país.
Asimismo, indicó que, debido a las falencias detectadas en el sistema penitenciario, y en base a un decreto legislativo emitido hace más de 10 años, el Ejecutivo retomará una propuesta pendiente: permitir que el control de ingreso a los penales sea gestionado por el sector privado. “Vamos a poner en valor esta iniciativa y en los próximos días se aprobará un decreto de urgencia que abrirá la puerta a la inversión privada”, afirmó.
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El titular de justicia aclaró que la responsabilidad sobre la gestión y custodia de los internos seguirá a cargo del Estado. Lo que se trasladará al sector privado será la vigilancia de los accesos y salidas de los establecimientos penitenciarios.
“Primero los penales más problemas y riesgos para que pueda la empresa privada hacer control, tanto de ingreso y de salida de todas las personas. Como el INPE no lo puede hacer y hemos estado más de 10 años en que no funcionan los bodyscans, el sistema de rayos X. Vamos a poner también en valor. En los próximos días estaremos firmando por el cual esta actividad va a formar parte de un concurso público para que la actividad pueda apoyarnos en este trabajo”, explicó.
El anuncio se da a pocos días de que comience el proceso de cierre de penales, una medida ordenada por el Tribunal Constitucional en una sentencia emitida hace cinco años.
“Hay ausencia de agentes penitenciarios y hay problemas en el ingreso de las personas. ¿Qué sucede? No hay bodyscam. Los rayos X para las maletas, los alimentos, las cosas que ingresan, no funcionan. Y si funcionan, funcionan mal. Entonces, tenemos déficit de personal y déficit de equipo en los ingresos. Lo que hemos decidido (...) una norma que permita que convoquemos, solo en los ingresos, a la actividad privada para que pueda atenderlos", indicó.
El titular de Justicia precisó que la empresa privada estará a cargo del control del ingreso y salida de los penales. Foto: LR
La noche del lunes, el recluso John Kennedy Javier Sebastian, ciudadano extranjero detenido por el robo a un minimarket en el distrito de Lince en 2023, logró escapar del penal de Lurigancho. El hecho fue registrado en video y alertado por vecinos de la zona.
En las imágenes se aprecia cómo un hombre escaló la estructura externa del penal y saltó hacia la vía pública, sin que el personal de vigilancia lograra interceptarlo a tiempo.
Tras la fuga, la Policía Nacional y agentes del INPE desplegaron un operativo en los alrededores del establecimiento con el objetivo de localizar al prófugo.

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