
Desde prisión, el exgobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, afronta un nuevo proceso judicial. Pero esta vez se trata del caso "butacas", derivado de su segundo periodo como alcalde de la provincia de Caylloma (2011-2014). El jucio oral fue instalado ayer por el magistrado Eddy Leva Cascamayta, quien es titular del Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
Cáceres participó brevemente en la audiencia y dijo no reconocer el delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada, que la Fiscalía Anticorrupción le imputa. Tampoco aceptó la reparación civil que se está solicitando. La Fiscalía ayer expuso el caso y planteó 6 años de prisión para Cáceres Llica, así como para los exfuncionarios Edy Cayo Álvarez y Guillermo Valcárcel Valdivia.
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El caso se desprende de la adquisición de 116 butacas para el funcionamiento del coliseo la Montera en Chivay, esto en el año 2011. Según la investigación fiscal, tras un proceso de “adjudicación de menor cuantía”, la municipalidad de Caylloma adquirió las butacas de la ciudadana Antonia Lara Ibana por el valor de S/ 21.460.
El Ministerio Público sostiene que el referido proceso de compra tuvo múltiples irregularidades, entre ellas que hubo concertación con la proveedora para beneficiarla y se utilizó documentación falsa. Tanto la oferta económica, como la técnica e incluso el contrato que suscribieron el 27 de diciembre del 2011, contienen una firma adulterada de Lara. Curiosamente, esa fue la única venta que la ciudadana realizó a una institución pública.
Además, el entonces alcalde Cáceres Llica firmó el contrato adelantando los plazos bajos, una supuesta urgente necesidad de comprar las butacas. Otro hecho resaltante en este caso es que las butacas no pudieron ser instaladas y se encontraban almacenadas en el referido coliseo. La Fiscalía, en su indagación, determinó que las graderías construidas en el coliseo no toleraban ningún tipo de butacas, así fueran de tamaño estándar, ya que eran incompatibles con el tamaño de las graderías ya existentes.
Si hubieran sido instaladas, no habría existido espacio para el movimiento de los ocupantes. El abogado Humberto Abanto, quien es defensa técnica de Cáceres Llica, cuestionó la acusación fiscal y puso en tela de juicio si realmente existe un delito de colusión o solo fue una cadena de errores administrativos.
En la audiencia realizada ayer, los imputados Favio Almanza Almanza, quien era el residente de obra, José Figueroa Huanqui y Antonia Lara Ibana, reconocieron las acusaciones y se declararon culpables del delito de colusión agravada y reconocieron la reparación civil; por lo que solicitaron acogerse a la figura de conclusión anticipada. La próxima audiencia se efectuará el 17 de agosto y será de forma presencial a solicitud de la Fiscalía.

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