Cuestionan vulneración de derechos indígenas en juicio que sentenció a nativos en Amazonas

El vía crucis empezó para Rodríguez Quiac Neecac y Miguel Angel Requejo en febrero del 2022, cuando policías de Piura llegaron a Nieva, en Amazonas, para intervenir un pase de droga. Los narcotraficantes huyeron, mientras que Quiac y Requejo, quienes circulaban por el lugar, se quedaron parados observando un hecho que consideraban ajeno a ellos. Los policías centraron su mirada en los nativos y los detuvieron bajo el cargo de tráfico ilícito de drogas.

Inmediatamente, fueron conducidos a la comisaría de Bagua, a ocho horas de distancia, donde recién les hicieron fotos y videos con la droga que supuestamente les incautaron. En dicho lugar, también procedieron a redactar el acta y les hicieron firmar sus declaraciones sin presencia de intérprete ni abogado.

“La Policía de Piura se enteró catorce días antes que habría un pase de droga en Nieva; sin embargo, no llevan fiscal, no toman fotos, no filman y capturan a los dos indígenas que estaban en la zona y los verdaderos culpables fugaron. Las actas de incautación, de registro personal, de lectura de derechos no se hicieron en el lugar de los hechos, y les hicieron firmar sin intérprete ni abogado”, precisó el abogado Juan José Quispe, de IDL, institución a la que se han acercado los familiares de los acusados.

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El letrado agregó que el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Utcubamba ha dictado sentencia por el delito de narcotráfico en un caso en el que se ha violado todos los derechos de los miembros de las comunidades indígenas.

“Cuando se procesan a miembros de comunidades indígenas debe estar un intérprete. Eso ya estaba establecido desde el año 2013 por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que decía que los magistrados debían aplicar el Convenio 169 y las 100 reglas de Brasilia. Han violentado el derecho de defensa, el derecho al debido proceso. Amazonas es tierra de nadie”, cuestionó Juan José Quispe.

El tribunal, presidido por el juez supernumerario Uliberto Chapoñan Ancajim, la jueza también supernumeraria Rosa Marleni Horna Carpio y el juez titular Segundo Gamaliel Canario Santa Cruz, ha sentenciado a los dos indígenas a 16 años de pena privativa de libertad.

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Ante esta situación, la defensa de los acusados ha presentado la nulidad absoluta del proceso y está a la espera del pronunciamiento de la Sala de Apelaciones de Bagua.

“Se va a pronunciar por la nulidad absoluta de toda la investigación fiscal y judicial y se va a pronunciar a su vez por la apelación de la sentencia. Si declara la nulidad de toda la investigación, los indígenas podrían obtener su libertad y afrontar un juicio justo con garantías de defensa y debido proceso”, mencionó Quispe.

Asimismo, insistió en que los hechos cometidos por los magistrados deben ser remediados y tienen que conocerlos tanto el presidente del Poder Judicial como el de la Corte de Amazonas. Aquello “porque estos magistrados no solo están violentando derechos, sino que están cometiendo el delito de abuso de autoridad al ir más allá de lo que la ley nacional e internacional establece”, añadió.