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Sociedad

Defensores públicos solo atenderán casos de reos en cárcel y flagrancia

Los trabajadores iniciaron huelga para exigir ocho horas de trabajo diario y homologación laboral.

larepublica.pe
Defensores públicos en frontis de su local. Foto: La República

Los abogados y personal técnico y administrativo de la Defensa Pública en La Libertad, Lambayeque y Piura iniciaron este martes una huelga general, que se da en todo el país para exigir ocho horas de trabajo al día y la homologación de salarios con los nuevos contratados.

Debido a la medida de fuerza solo se atenderán casos de flagrancia y de reos en cárcel, declaró a La República el subsecretario general del Sindicato de Trabajadores de Defensa Pública de La Libertad, Walter Correa Llanos.

“Debido a la medida de fuerza solo atendemos casos de reos en cárcel y casos de flagrancia, tanto en el Poder Judicial, como en el Ministerio Público. Los demás procesos se verán paralizados”, recalcó.

Añadió que están en huelga porque en el horario laboral y las remuneraciones son discriminados desde hace años por parte del Ministerio de Justicia.

En Piura y Lambayeque

En Piura, un 90% de trabajadores de Defensa Pública acatan la medida.

En su mayoría, son abogados del ámbito penal o civil quienes han acatado la protesta. El dirigente Víctor Córdova sostuvo que, además de la homologación de sueldos y el respeto a las ocho horas labores, se requiere más personal, ya que cada abogado del distrito fiscal de Piura tiene entre 500 y 800 casos abiertos, entre investigaciones fiscales y procesos judiciales.

"A diario recibimos un requerimiento del Ministerio Público y del Poder Judicial cerca de 900 casos diarios para ser repartidos entre los pocos defensores públicos penales", detalló.

Por otra parte, en Lambayeque, 120 defensores públicos y administrativos, que representan el 80%, participaron en el inicio de la huelga nacional indefinida para exigir aumento de sueldo y respeto a la jornada laboral de ocho horas.

El vocero Omar Saucedo subrayó que a nivel nacional se están dejando de atender un 70% de audiencias judiciales y diligencias fiscales. Además, indicó que están vulnerando sus derechos porque los sueldos no son iguales para todos, pese a que las funciones que realizan son las mismas. Por ello, añadió que continuarán con su medida de lucha hasta llegar a un consenso con su empleador.