Cusco. El incendio forestal, en el distrito de Ccatcca de la provincia de Quispicanchi, pudo haber sido atendido con mayor eficacia y prontitud, si se implementaba el proyecto de prevención y atención de incendios, emergencias médicas, rescates y otros de la Municipalidad Provincial de Quispicanchi.
Dicho proyecto, cuenta con un presupuesto institucional modificado (PIM) de 230 mil soles y al momento el avance fue del 0 %, según el portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Este considera 140 mil soles para la adquisición de equipos de búsqueda y salvamento para la Compañía de Bomberos N°109 de Urcos, equipos que a la hora de atender emergencias como esta siempre hacen falta.
En el caso de la Municipalidad Distrital de Ccorcca, a quien le corresponde actuar primero ante la emergencia registrada, tiene un 35.7 % de avance en su ejecución presupuestal de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, sin embargo, en esta categoría presupuestal no concierne ningún proyecto designado a la prevención de incendios forestales, la mayoría hace referencia a proyectos de creación de servicios de protección ante crecidas del río. El presupuesto total en esta categoría es de 934. 380 soles.
Esta deficiente respuesta ante este tipo de emergencias que cada año se registran no es ajena en el resto de municipios, según la gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional del Cusco, María Isabel Cazorla, solo 17 de 112 municipalidades ha presentado su Plan de Contingencia Frente a Incendios Forestales.
El reporte de este tipo de incidentes que le corresponde hacer a cada gobierno local tampoco se da como debería, esto no permite tener el número exacto de incendios que se registraron durante el año. “Es responsabilidad de los gobiernos locales registrar el incidente y saber cuánto se ha perdido, es un tema en el que deben de poner mayor atención”, precisó el director de Instituto Nacional de Defensa Civil del Cusco, Cesar Chonate.
Aunque el delito ambiental tiene una pena efectiva de entre 4 a 6 años de cárcel, aún estas penas no se aplican. Según Cazorla, se debe a que los responsables no son denunciados y cuando se logran identificarlos muchas veces son los propios comuneros quienes protegen al causante de iniciar un siniestro.