Violencia contra la mujer: una problemática que el Estado no es capaz de atender

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conmemorado cada 25 de noviembre, es fundamental evidenciar que vivimos una pandemia de violencia, y frente a ello solo se han acrecentado la inseguridad, los feminicidios, la violencia sexual, entre otras formas de violencia.

Para el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Promsex, la violencia contra la mujer tiene impactos adversos en el desarrollo pleno de las mujeres, las niñas y las adolescentes. De acuerdo con los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), hasta junio de 2023, se registraron 81 749 casos de mujeres que fueron víctimas de la violencia psicológica, física, sexual y económica.

Violencia de Estado

Frente a las alarmantes cifras de violencia, Promsex hace un llamado enérgico al Estado, y en particular al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en su calidad de ente rector, para que sus distintas instancias cumplan con las normativas vigentes para prevenir,  atender y reparar a las víctimas y sobrevivientes de los distintos tipos de violencia, de las cuales, siguen siendo las niñas las más vulnerabilizadas.

El Estado aún no ha logrado cumplir con el debido proceso para que las niñas reciban justicia. Un reflejo de esta situación es el caso de Camila, niña a la que le negaron el derecho a un aborto terapéutico luego de sufrir de abuso sexual, y quien fue criminalizada y acusada de autoaborto por el Estado ante una pérdida espontánea del embarazo.

De igual forma, se pudo observar otra negligencia particularmente del sistema de protección del MIMP, cuando se hizo público, hace unos meses, el caso de la pequeña Mila, de 11 años, a quien se le brindó información prejuiciosa sobre su derecho a un aborto terapéutico  y a quien el Hospital Regional de Iquitos le negó en primera instancia esta atención, siendo posible luego de una intensa demanda ciudadana que tuviera acceso como correspondía.

“No bastan las políticas, se necesita que las mismas cuenten con presupuesto suficiente, y contar con profesionales que las implementen, poniendo por delante los derechos de las mujeres y las niñas. Hechos como abuso sexual, disuadir a las niñas y sus familias de no solicitar el aborto terapéutico, inculcar miedo, son cosas que deben acabar”, explica Susana Chávez, directora de Promsex.

Sin Justicia

Entre el 2018 y julio de 2023, el Poder Judicial (PJ) evaluó 808 483 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, sin embargo, apenas emitió 354 sentencias, lo cual representa menos del 1%.

Esto se debe a muchos factores, pero, según la Defensoría del Pueblo, principalmente a que el sistema de justicia no responde a un enfoque de género y derechos humanos que priorice a las víctimas.

No podemos ser tolerantes frente al machismo imperante en la sociedad, así como en las autoridades y profesionales a cargo de los servicios para prevenir, atender e impartir justicia para las víctimas de violencia, hacemos un llamado a ser personas activas en construir un país donde todas las formas de violencia contra las mujeres sean erradicadas.

[Columna de opinión]

Un Estado de espaldas a las niñas

Por: Susana Chávez, directora de Promsex.

La violación sexual, no solo es uno de los crímenes de género más extendidos, es también el vivido a más precoz edad; y los datos así lo constatan: 90% son mujeres, de las cuales, 80% son menores de edad y aunque sea duro decirlo, la mayoría quedan impunes.

Aunque las secuelas son diversas y todas muy graves, un embarazo producto de violación, para algunos tiene una connotación distinta, convirtiendo a la víctima en villana y obligándolas a continuar con un embarazo que no solo rechazan, sino que las revictimiza.

Esa es la historia de L.C., Camila, Mila y de otras 1,500 niñas que tuvieron la tragedia de tener un embarazo luego de ser abusadas por hombres, que también sometieron a sus madres, hermanas y que poco pudieron hacer debido a la propia sobrevivencia y así por qué la justicia nunca les significó nada.

Lo común que tienen estas niñas es que el Estado les ha fallado, pues lejos de interpretar en el sentido más amplio el derecho a la protección, decidieron que esa no era su tarea. Es por eso que hoy las Unidades de Protección Especial (UPE) lejos de ser una garantía, son una amenaza y es algo que el MIMP debe asumir, convirtiendo sus intervenciones en oportunidades para   cambiar la vida de las niñas y resarcir en algo, el enorme daño causado.

[PUBLIRREPORTAJE]