El abogado del presidente Pedro Castillo, José Feliz Palomino Manchego, declaró que sí se presentará ante la Comisión Permanente el próximo 16 de noviembre para ejercer el derecho a la defensa del mandatario ante la denuncia por traición a la patria que se presentó en contra de él y que fue aprobada el último viernes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Luego de la invitación emitida por el Legislativo hacia Castillo, Manchego señaló a RPP que los abogados han “respondido a la comisión para los efectos de que vamos a hacer el uso de la palabra”. Además, explicó que aún no existe una decisión respecto a la presencia de Castillo en la sesión de la Comisión Permanente.
“Yo voy a intervenir, como abogado defensor”, dijo Manchego. Sobre el jefe de Estado expresó que “recién se va a tener una reunión de trabajo a los efectos de que él decida si acude o no acude al Congreso de la República”.
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El jurista señaló que la visita de Castillo Terrones al Legislativo “todavía no se ha decidido, pero en el documento dice taxativamente que se está concediendo el uso de la palabra, y esa formalidad naturalmente que tenemos que llevarla a término de su desarrollo. Y por eso es que le hemos contestado inmediatamente al Congreso, a los efectos de que no se deje al presidente en estado de indefensión”.
Manchego también señaló que, desde la defensa, aún se plantea la tesis de que en “esta denuncia constitucional no hay delito de traición a la patria, de ninguna manera”, por lo que insistió en que se ha solicitado la nulidad de todo lo actuado por la SAC, a fin de que el pedido vuelva a ser remitido a dicho grupo de trabajo.
En ese sentido, el abogado del presidente acusó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de haber “actuado de manera acelerada, vulnerando derechos fundamentales y el debido proceso”, indicando que se había solicitado a Lady Camones inhibirse del voto por haber “adelantado juicio” en el caso contra Pedro Castillo.
El último viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió respaldar el informe final de la denuncia constitucional contra el jefe de Estado por el presunto delito de traición a la patria que recomienda inhabilitarlo de la función pública por 5 años.
El informe puede respaldado por 11 congresistas, mientras que otros 10 legisladores se mostraron en contra. Ningún parlamentario se abstuvo.