Vladimir Cerrón Rojas es sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Junín sentenció a Vladimir Cerrón Rojas a 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad efectiva al encontrarlo responsable de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión, respecto a la construcción del aeródromo Wanka, como gobernador regional de Junín.

Al incio de la audiencia, Cerrón intentó acogerse a la ley Soto y beneficiarse con la prescripción, pero la Sala rechazó su solicitud.

Este colegiado superior evaluó el recurso de apelación que presentó Cerrón Rojas contra la sentencia contenida en la resolución del 7 de febrero de 2023 emitida por el Sexto Juzgado Penal Unipersonal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo. Esta instancia falló encontrándole responsabilidad penal por delito de colusión y le impuso cuatro años de pena privativa de libertad efectiva y el pago de más de dos millones de soles por concepto de reparación civil.

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El colegiado, presidido por el juez superior Walter Chipana Pérez e integrado por los jueces Carlos Carhuancho Mucha y Roberto Meza Reyes, declaró infundado el recurso formulado por el acusado y por tanto confirmó la sentencia apelada.

Los magistrados determinaron que Vladimir Cerrón tiene responsabilidad penal, en calidad de autor, de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión, en agravio del Estado. Por ello, se le impuso pena privativa de libertad efectiva, “la misma que se ejecutará con la presente sentencia”.

También le aplicó la pena accesoria de inhabilitación consistente en privación de la función, cargo o comisión que ejercía, aunque provenga de elección popular; además de impedimento para obtener mandato, cargo o comisión de carácter público. Y fija la reparación civil en 800.000 soles, que deberá pagar en forma solidaria con sus cosentenciados, Samuel Blanco Campos y Luis García Morón.

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La pena privativa de libertad efectiva se computará desde el internamiento de Cerrón en un establecimiento penal, determinado por la autoridad correspondiente.

Tras disponer la inscripción del fallo en el Registro Nacional de Condenas y requerir el cumplimiento de la sentencia, se ordenó proceder “con el diligenciamiento de los oficios correspondientes para la captura, conducción e internamiento de los sentenciados al establecimiento penitenciario de esta ciudad”.

Vladimir Cerrón no se presentó en la audiencia. Su condición, al cierre de esta nota, es de prófugo.

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El colegiado enfatizó en que la deliberación fue fáctica y probatoria, de manera que la decisión la tomaron por unanimidad.

“Dicha decisión ha sido suscrita y evaluada de manera objetiva, razonada, motivada y transparente. Inmediatamente se les va a notificar a vuestras casillas electrónicas el íntegro de la sentencia a fin de que vean si pueden ejercer los derechos que la ley les confiere o no”, dijo su presidente Walter Chipana.

Aeródromo Wanka

La tesis que manejó la Fiscalía es que Cerrón, como gobernador regional de Junín, firmó un contrato en junio del año 2014 con Luis García Morón, representante legal del consorcio Gran Aeródromo Wanka, para ejecutar dicha obra sin contar con el pronunciamiento de la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones había señalado que Junín ya tenía aeropuerto y que no era necesario edificar otro terminal aéreo.

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El MP llegó a la conclusión de que Cerrón y sus coprocesados concertaron para la admisión, evaluación, adjudicación y firma del contrato a fin de construir el aeródromo Wanka en un área que comprendía los distritos de Sicaya–Huancayo y Orcotuna–Concepción.

Perú Libre dice que es una guerra jurídica

En un pronunciamiento, los congresistas de Perú Libre mencionan que se confirma la guerra jurídica en el país, “con la instrumentalización política de la justicia para perseguir al secretario general Vladimir Cerrón Rojas”.

Tras considerar que la resolución es abusiva y prevaricadora, indican que se evidencia la desesperación de anular políticamente al exgobernador de Junín.