La ex primera dama Nadine Heredia recibió la orden de impedimento de salida del país por 18 meses, a la par que el Poder Judicial rechazó su solicitud para viajar a Colombia con la finalidad de someterse a un examen médico. Esto, ante la existencia de un posible peligro de fuga y no estar debidamente acreditada la urgencia del traslado hacia el exterior. En su contra, existe un pedido de 26 años y 6 meses de cárcel realizado por la Fiscalía de la Nación.
Las investigaciones contra la esposa de Ollanta Humala parten del presunto ingreso ilícito de dinero para las campañas electorales del Partido Nacionalista del 2006 y 2011. Aporte que habría sido efectuado por las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht, las cuales buscaban beneficiarse con la posterior adjudicación de millonarias obras.
La investigación tuvo su inicio en marzo del 2017. En ella, se compendió a Nadine Heredia y a otras 20 personas más, entre exfuncionarios del Gobierno de Ollanta Humala y ejecutivos de la empresa Odebrecht, por los presuntos delitos de negociación incompatible y colusión. Se advierte que se habría favorecido de forma irregular a la constructora brasileña y la española Enagás en la licitación del Gasoducto Sur Peruano, obra valorizada en más de US$7.000 millones.
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Entre las actuaciones señaladas por parte de la ex primera dama, se le atribuye el haberse reunido con funcionarios vinculados al proyecto y con representantes de Odebrecht; además de influir en la designación de Eleodoro Mayorga como ministro de Energía y Minas poco antes de la entrega de la buena pro al consorcio liderado por los brasileños. El mismo Jorge Barata detalló sobre sus reuniones con funcionarios de alto nivel del Gobierno de Ollanta Humala y aseguran que Heredia Alarcón estuvo al tanto de todo.
Finalmente, información del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht dio cuenta sobre 17 transferencias de dinero a la pareja Humala-Heredia. Se habrían entregado montos de US$300.000 y US$400.000 hasta llegar al total de $3 millones. Por este caso, fue recluida por 18 meses en el penal de Santa Mónica de Chorrillos por una prisión preventiva, la cual acabó en abril del 2018.
En este caso, de acuerdo a la tesis fiscal, el Partido Nacionalista se habría beneficiado con aportes irregulares provenientes del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña presidencial del 2011. Esta investigación inicia en enero del 2015, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó transferencias por US$216.000 a cuentas bancarias de Nadine Heredia, realizadas por familiares y allegados.
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Tras dejar la presidencia de la República, Ollanta Humala fue incluido en la investigación y su situación se complicó cuando la empresa Odebrecht reconoció la entrega de los US$3 millones para la campaña electoral del 2011. Por este caso, se piden 26 años y 6 meses de pena privativa de la libertad contra Nadine Heredia y 20 años para el exjefe de Estado.
Un tercer caso contra la ex primera dama está enmarcado en la licitación de la obra del Hospital Lorena del Cusco, el cual fue adjudicado en julio del 2012, una obra valorizada en S/487 millones. Por el delito de colusión agravada se imputó a Nadine Heredia y al ex gobernador regional del Cusco Jorge Acurio, quienes habrían intercedido para la entrega de la buena pro. La gestión de Heredia Alarcón habría sido ante la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS Perú).