
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, procedió a dividir casi a la mitad a las 12 fiscalías superiores y supraprovinciales especializadas en delitos de Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo, con lo cual en la práctica desmantela todo el subsistema que investigaba las graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.
Además, se reduce la capacidad operativa para investigar las 45 muertes por disparos de armas de fuego que se han producido durante las protestas ciudadanas por adelanto de elecciones y nueva constitución, en las regiones del sur del país.
Esta división busca enfrentar como delito de terrorismo la movilización de los ciudadadanos, que se vienen desarrollando en diversas regiones del país.
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El subsistema de Derechos Humanos contaba hasta el jueves con 12 fiscalías, de las cuales era dos fiscalías superiores nacionales y 10 fiscalías supraprovinciales en Lima (3), Ayacucho (2), Pichari-Cusco (1), Huánuco (1), Apurímac (1), Junín (1) y Huancavelica (1).
Ayacucho, protestas por vacancia.
A partir de este viernes, 13 de enero, solo queda un total de siete fiscalías: Una fiscalía superior para casos de violación de Derechos Humanos en todo el territorio nacional y seis fiscalias supraprovinciales
La división también se repitió con las fiscalías supraprovinciales. Así, en Lima se reduce a dos fiscalías supraprovinciales para delitos de Derechos Humanos, quedan dos en Ayacucho, pero se amplia su competencia territorial a la región Huancavelica. La fiscalía de derechos humanos que tenían sede en Huncavelica, Huanuco y Pichari, Cusco desaparecen.
Se mantienen la fiscalía supraprovinciales de Junin y Apurimac, pero con su personal a la mitad. La fiscalía de Junin, ahora también tendrá competencia territorial en Huánuco y la Selva Central.
El miercoles se han creado nuevas fiscalías de Derechos Humanos en La Libertad, Madre de Dios y Ucayali, que nacen sin procesos previos.
En las mismas resoluciones, la fiscal de la Nación procedió a crear una fiscalía superior nacional para delitos de Terrorismo y delitos conexos con sede en Lima, que tendrá como coordinador al fiscal superior Pedro Orihuela Santana. Además, se crean las fiscalías supraprovinciales para delitos de terrorismo en Lima, Ayacucho, Huncavelica, Apurímac, Junin y Pichari-Cusco.
Estas siete fiscalías supraprovinciales recibirán los expedientes por delito de terrorismo que actualmente vienen desarrollando las fiscalías supraprovinciales en delitos cometidos por organización criminal.





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