El Congreso ha reconocido que cuando culmina el plazo de un proceso de antejuicio político y de juicio político, no puede proceder la acusación contra un alto o exalto funcionario. Ayer la Comisión Permanente archivó cinco denuncias constitucionales contra los congresistas, exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y un exministro por caducidad.
En la mayoría de casos, la decisión fue tomada tras diversos pedidos de archivo de parte de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), María Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP).
La Permanente archivó el caso contra el excongresista del Frente Amplio, Jorge Castro, quien el 10 de julio del 2020 fue denunciado por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por concusión y violación de correspondencia debido a que presuntamente obligó a siete de sus extrabajadores a entregar parte de sus remuneraciones.
La SAC designó como delegado al congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, quien en su informe final recomendando no acusarlo. La Subcomisión decidió no desestimar la imputación por concusión, pero sí la de violación de correspondencia.
Desde el 18 de abril del 2022 el informe estaba listo para votarse, pero la Permanente no lo debatió. Castro dejó de ser congresista el 30 de setiembre del 2019. El plazo para acusarlo venció el mes pasado.
Acuña informó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que corresponde el archivo. Y así fue.
Otro caso similar es del excongresista de Fuerza Popular, César Campos. El 19 de enero del 2021, la fiscal Ávalos presentó una denuncia constitucional en su contra por concusión por presuntamente haber realizado cobros a los trabajadores de su despacho.
Campos dejó de ser congresista el 30 de setiembre del 2019. El 4 de octubre de este año la presidenta de la SAC, María Acuña, presentó un informe de calificación declarando al archivo porque caducidad debido a que ya transcurrieron los cinco años y el 22 de octubre le pidió a Salhuana declarar la prescripción.
La Permanente también archivó por caducidad una denuncia constitucional contra el exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila, por presunta estafa, y contra los exconsejeros de esta institución Orlando Velásquez, Iván Noguera, Hebert Marcelo, Julio Gutiérrez, Segundo Baltazar Morales, Elsa Maritza y Pablo Talavera, por presunta discriminación.
El 30 de mayo del 2022, pese a que habían pasado más de cinco años desde que estos exmagistrados dejaron el cargo, el congresista del Bloque Magisterial, Paul Gutiérrez, presentó un informe final para archivar la caso contra Aguila, pero acusar a los demás exconsejeros. La SAC aprobó la propuesta y fue remitida a la Permanente el 18 de agosto de ese año.
La presidenta de la SAC en ese periodo fue Rosío Torres, de APP, y no solicitó la improcedencia por caducidad. Recién el 25 de julio de este año, con la gestión de Lady Camones, fue enviado el pedido de prescripción: Talavera había renunciado al CNM en 2015 y los demás exmagistrados fueron retirados de sus cargos en 2018.
Otra denuncia contra un ex CNM que fue archivada es la que presentó la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Aguila por presunto cohecho pasivo. La presidenta de la SAC envió un oficio a Salhuana el 21 de octubre para informarle que el caso había prescrito porque el exmagistrado ya no cuenta con la prerrogativa de antejuicio político.
El 27 de setiembre Acuña informó a Salhuana que desde el 17 de agosto del 2022 la Comisión Permanente tenía en sus manos el informe final acusatorio contra el exministro del Interior, Carlos Basombrío, por presunto abuso de autoridad e infracción constitucional. Sin embargo, agregó Acuña, Basombrío dejó de ser ministro el 28 de diciembre del 2017. El plazo de su antejuicio y juicio político venció en diciembre del 2022. Por ende, pidió archivar el caso.
Salvador del Solar afronta proceso de juicio político por la disolución del Congreso
Las decisiones adoptadas por la Permanente evidencian que cuándo se acabó el plazo para someter a un exalto funcionario a un proceso de antejuicio o juicio político, corresponde archivar el caso en el fuero parlamentario.
El 30 de setiembre de este año venció la prerrogativa de juicio político contra el exministro Salvador del Solar. Sin embargo, la acusación en su contra para inhabilitarlo de la función pública por la disolución del Congreso en el gobierno de Martín Vizcarra continúa en marcha.
Del Solar fue primer ministro hasta el 30 de setiembre del 2019. Ya pasaron los cinco años de plazo. La República preguntó en la SAC cómo procederán, pero respondieron que la decisión, por ahora, depende del delegado de este caso, el congresista fujimorista Héctor Ventura, quien está a cargo de presentar el informe final. Es incierto si aplicará el mismo criterio.