La congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, consideró que “existe un alto riesgo” de que la Junta Nacional de Justicia sea removida este jueves 2 de noviembre, día en que el Pleno vote el polémico informe final que recomienda la destitución de los siete magistrados. Aunque el retiro —tras anuncio de César Acuña— del apoyo de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) complicaría la ejecución de lo que algunos expertos han denominado como un golpe institucional contra la JNJ. Sin APP, no llegarían a superar siquiera lo 80 votos.
“Efectivamente, mañana (jueves 2) en el Pleno se debate ese informe en mayoría aprobada por la Comisión de Justicia que concluye de manera inconstitucional e ilegal la remoción de los 7 integrantes de la JNJ. En este Pleno también voy a sustentar un informe en minoría. Si revisamos las posiciones políticas expresadas en la última sesión de la comisión, desde mi punto de vista, hay un alto riesgo”, declaró a Exitosa.
En tanto, este jueves 2, desde las 10 de la mañana se resolverá el destino de los magistrados Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, María Zavala Valladares, Guillermo Thornberry Villarán, Henry Ávila Herrera, Inés Tello De Ñecco y Antonio De La Haza Barrantes.
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A fines de octubre, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima programó para el próximo viernes 24 de noviembre del 2023 la audiencia en la que se revisará la acción de amparo presentada por los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), encabezados por su presidenta Imelda Tumialán. Esto luego de que, el miércoles 25 de octubre, la misma instancia admitiera a trámite el recurso que busca que se deje sin efecto todo lo relacionado con la investigación sumaria y la posible remoción de los magistrados.
La acción de amparo contiene dos petitorios. El primero solicita la nulidad del acuerdo del Pleno del Congreso del 7 de septiembre, cuando se aceptó la solicitud de Patricia Chirinos, integrante de la bancada Avanza País, para el inicio de una investigación sumaria por supuestas faltas o causas graves.
Segundo, dejar sin efecto todo lo avanzado hasta el momento por la Comisión de Justicia, la cual emitió un polémico informe a pocas horas del vencimiento del plazo límite, que cambiaba por completo el sentido del primer documento elaborado en el que se concluía que no “existió una falta grave” que amerite la remoción de la JNJ.