Impulsan ley para evitar remoción arbitraria de la Junta Nacional de Justicia
Alternativa. Cambio Democrático propone definir las faltas graves, pero Fuerza Popular y sus aliados priorizarán concretar primero el golpe contra la Junta.
La bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú presentó un proyecto que propone modificar la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a fin de regular las causales de remoción de los magistrados de esta institución.
La iniciativa apunta a que la denominación de falta grave no sea utilizada de manera subjetiva y arbitraria en el Congreso, como lo hace actualmente con el objetivo de dar un zarpazo contra el sistema judicial.
Según este proyecto, serán consideradas causales graves cuando los miembros de la JNJ lleven a cabo reuniones con los postulantes a fiscales, jueces, jefe de la ONPE y del Reniec durante la etapa de nombramiento, evaluación o procedimiento disciplinario.
Otro motivo de esa naturaleza será favorecer o perjudicar a los postulantes, magistrados o funcionarios en los procedimientos a cargo de la junta, y recibir condecoraciones que puedan comprometer la objetividad de los magistrados.
También son faltas graves, de acuerdo a esta propuesta, que comentan actos de injerencia en procesos judiciales o investigaciones fiscales en curso, que omitan informar una situación de conflicto de interés, recibir donaciones o agasajos de los postulantes y patrocinar cursos de capacitación para los aspirantes.
Además, el proyecto de Cambio Democrático establece que, previo a la remoción de los magistrados, haya una investigación en la que los miembros de la Junta tendrán un plazo no menor de diez días para presentar sus descargos.
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El texto está en manos de la Comisión de Constitución desde el 27 de octubre.
El problema es que este grupo de trabajo parlamentario es presidido por la legisladora de Fuerza Popular (FP) Martha Moyano. El objetivo del fujimorismo, por ahora, no es aprobar una reforma que delimite las causas graves de los integrantes de la Junta. Todo lo contrario, su prioridad es acelerar la remoción de los actuales consejeros.
Lo que viene
La estrategia a la que apelará el bloque que domina el Congreso –Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País y Somos Perú– es a dilatar el debate del informe final de la Comisión de Justicia, que recomienda remover a los miembros de la Junta, hasta que consigan los dos tercios de votos a su favor.
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Propuesta. Cambio Democrática busca delimitar las causas graves para remover a la JNJ. Foto: difusión
La ley exige que para destituir a los consejeros es necesario que, mínimo, 87 congresistas estén a favor. Como las dudas y las divisiones priman en las bancadas, el fujimorismo y sus aliados aún no tienen asegurados esos votos.
El camino por el que optarían es a solo remover a los magistrados que les resulten incómodos, como Imelda Tumialán, presidenta de la JNJ; el vicepresidente Aldo Vásquez e Inés Tello. Los dos últimos investigan a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Tello, asimismo, es sindicada de haber cometido una falta grave por permanecer en el cargo teniendo más de 75 años. “Ya cumplió su edad y no está bajo el marco legal de la Constitución”, sostiene el vocero de Fuerza Popular, Eduardo Castillo.
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Otro punto controversial es el comunicado que emitió la Junta en mayo pasado, pidiendo al Congreso que reflexione sobre la inhabilitación de la exfiscal Zoraida Ávalos.
“Estamos evaluando si se va a ver caso por caso y también estamos analizando el comunicado sobre Ávalos. ¿Es responsabilidad de quién? De la junta”, enfatizó Castillo en Canal N.
Por lo visto, no cederán en sus pretensiones.
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Audiencia por conflicto competencial
El jueves 2 de noviembre, habrá en Arequipa una audiencia en el Tribunal Constitucional (TC) por el conflicto competencial entre el Ministerio Público y la JNJ.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pretende anular dos investigaciones disciplinarias de la JNJ en su contra, debido a que ella recompuso el Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto y removió a la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigó a su hermana Emma Benavides.
