Camino. El más reciente escándalo del desaprobado Congreso sitúa a María del Pilar Cordero Jon-Tay como partícipe principal. La fujimorista habría pedido a sus trabajadores hasta el 75% de la remuneración para costearse gastos pasados de campaña, abonos al patriarca de su partido, Alberto Fujimori, y desembolsos hechos en favor de Keiko Sofía. Es por eso que, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General del Estado, solicitaron iniciar diligencias preliminares para investigarla por el supuesto ilícito de concusión. Como reacción, la bancada naranja pidió su expulsión y pronto retiro de las comisiones congresales.
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En los audios develados en "Punto final", Cordero Jon-Tay afirmó haber gastado US$300.000 durante los últimos comicios generales del 2021. Ese monto fue omitido del registro en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por lo que podría ser investigada por el presunto delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, como informó este medio de comunicación.
Sobre el proceso que María del Pilar deberá seguir, el presidente del Parlamento, general (r) José Williams Zapata, detalló para Canal N que puede ser "acusada constitucionalmente por un ciudadano, por un congresista o por la Fiscalía de la Nación". Una vez ocurra, el oficio pasará a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones, con quien Williams afirmó comunicarse con frecuencia. Al final del camino, la parlamentaria podría ser desaforada.
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Williams Zapata también aseguró estar al tanto del caso: "Yo he visto que en la bancada (Fuerza Popular) ya la retiraron. Sé que hay una denuncia que proviene del mismo grupo parlamentario hacia la Comisión de Ética y, posiblemente, en un tiempo, podría estar viniendo la acusación constitucional, porque entiendo que todo está en manos de la Fiscalía”.