Congreso mutila presupuesto del área de conflictos sociales de la Defensoría

La Comisión de Presupuesto del Congreso decidió esta tarde mutilar una partida presupuestal que estaba prevista para la Defensoría del Pueblo, razón por la cual esta entidad podría verse limitada en el cumplimiento de su mandato constitucional de defensa de los derechos humanos, en los procesos de acompañamiento de las protestas sociales.

El pasado 14 de marzo, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley de crédito suplementario, con el fin de concretar la aprobación de nuevas partidas presupuestales para diferentes entidades, entre ellas la Defensoría del Pueblo.

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El presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luna Gálvez, presentó un predictamen que sí incluía la partida adicional que había solicitado la Defensoría del Pueblo y que, además, contaba con el visto bueno técnico del Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin embargo, esta tarde, los legisladores optaron por votar el dictamen por separado y al momento de revisar el presupuesto adicional que pedía la Defensoría del Pueblo (en el artículo 29 del predictamen), optaron por rechazarlo.

Fueron al menos once votos en contra de los fujimoristas Alejandro Aguinaga, Arturo Alegría, Nilza Chacón, Raúl Huamán y Tania Ramírez, y de los legisladores Alfredo Pariona (PL), Hilda Portero (AP), Elizabeth Medina (BM), Miguel Ciccia (AvP), Patricia Chirinos (AvP) y el mismo José Luna Gálvez.

También hubo abstenciones de congresistas de la izquierda: Margot Palacios (PL), María Taipe (PL), Hamlet Echeverría (CD), Isabel Cortez (CD), junto con José Jerí (SP) y Noelia Herrera (RP).

La partida mutilada

Según el detalle del predictamen, la Defensoría del Pueblo había solicitado un presupuesto adicional de 7 millones 971 mil soles. De esta suma, 4 millones 100 mil soles iban a servir para reforzar el trabajo del área de conflictos sociales, situación que ahora se verá limitada, dada la negativa del Congreso.

En tanto, los otros 3 millones 300 mil soles iban a ser destinados al mejoramiento del servicio de atención de la oficina defensorial de La Libertad, lo cual también ahora se verá afectado.

El Congreso adoptó esta postura de rechazo del incremento presupuestal en un contexto en el que la Defensoría del Pueblo ha asumido un rol de defensa de los derechos humanos durante las últimas protestas sociales (tal como lo establece su mandato constitucional), situación que no ha sido del agrado de la mayoría de legisladores que optaron, más bien, por restar relevancia a los muertos y heridos de las manifestaciones.