Buscan ir al TC para no acercar a Congreso a eventual disolución
Salvar la “bala de plata”. Oposición apunta a que el máximo intérprete de la Constitución invalide la lectura del Gobierno de que el Parlamento rehusó la cuestión de confianza. Constitucionalistas tienen miradas distintas en la controversia.
Los congresistas buscan que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva la polémica sobre el rechazo de la cuestión de confianza del Gobierno decidido por la directiva del Parlamento, que el Ejecutivo toma como acercamiento a poder disolver el Legislativo. De este modo, la oposición apunta a salvar la llamada “bala de plata”, la primera de dos negaciones permitidas antes de la posibilidad de una disolución.
La controversia escaló cuando la Mesa Directiva del Parlamento decidió “rechazar de plano” el requerimiento planteado con la figura de la cuestión de confianza, que conmina al Congreso a aceptar o rehusar con el riesgo de que, al sumar dos negaciones, puede ser disuelto, según establece la Constitución.
El jueves 17, el entonces primer ministro, Aníbal Torres, hizo cuestión de confianza por un proyecto para anular la llamada “Ley Antirreferéndum”, que regula los referéndums.
Una semana después, el presidente del Congreso, José Williams, anunció ese “rechazar de plano” del requerimiento por considerarlo improcedente alegando que no cumplía requisitos: ni siquiera la admitía a trámite. Adujo que esto no debía tomarse como una negación.
El Gobierno interpreta esto como rehusamiento y, por lo tanto, considera que el Congreso ha perdido su “bala de plata”, es decir, si da una negación más, puede ser disuelto legítimamente.
El Legislativo busca que el TC invalide esta interpretación.
“Por unanimidad en Junta de Portavoces del Congreso se acuerda autorizar al presidente (José) Williams un pleno para la interposición de la demanda competencial y medida cautelar ante TC por la ilegal ‘denegatoria fáctica’ de Castillo”, contó la parlamentaria Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular.
Este pleno se alista para hoy, sábado 26, a las cuatro de la tarde. Pedirán autorización para tocar la puerta del TC.
El constitucionalista Pedro Grández advierte que el “rechazo de plano” es una figura contraria a la Constitución que el Congreso introdujo para bloquear la cuestión de confianza.
“El Parlamento ha dado una ley para que sea él el que administra las reglas de la cuestión de confianza y eso es desconstitucionalizar el equilibrio de poderes. Ha introducido reglas en el reglamento, como es este rechazo de plano. Este segundo movimiento es la licitud dentro de la ilicitud primera. El primer movimiento es absolutamente inconstitucional”, dijo en el programa “No hay derecho”, del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Para el constitucionalista Omar Cairo, “ha sido un rechazo arbitrario porque no cumple el reglamento (del Congreso)”.
“Las leyes no establecen cuál es la consecuencia de un ‘rechazo de plano’ arbitrario, por eso es posible que el presidente le atribuya el valor de una desaprobación de la cuestión de confianza”, advierte Cairo.
Su colega Luciano López dice que “no cabe que esto se considere denegación fáctica”.
“Si antes la cuestión de confianza tenía que votarse, se ha creado un trámite previo, que es decidir si es procedente. Esa modificación reglamentaria le da la potestad de decidir la improcedencia”, adujo en RPP.
Para el constitucionalista y exmagistrado del TC Eloy Espinosa-Saldaña “si el Gobierno insiste en que se rechazó la confianza, entramos en un problema político-jurídico muy serio” porque “podrían acusar al presidente de infracción constitucional. Entraríamos a un punto de no retorno de la confrontación”, expresó en RPP.
Una crisis que sigue de espaldas a necesidades del país.
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Reacciones
Omar Cairo, constitucionalista
“Las leyes no establecen cuál es la consecuencia de un ‘rechazo de plano’ arbitrario, por eso es posible que el presidente le atribuya el valor de una desaprobación de la cuestión de confianza”.
Eloy Espinosa-Saldaña, exmagistrado del TC
“Si el Gobierno insiste en que se rechazó la confianza, entramos en un problema político-jurídico muy serio. Podrían acusar al presidente de infracción constitucional e iríamos a un punto de no retorno”.
