Congreso podría infringir la Constitución si insiste en denuncia de traición a la patria contra Castillo
La vía más razonable para la denuncia cuyo informe fue anulado por el Tribunal Constitucional es que la Comisión Permanente disponga su archivo, señalan expertos.
Luego de la bochornosa sustentación del informe sobre la presunta traición a la patria de Pedro Castillo, aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el Tribunal Constitucional ordenó declarar la nulidad del documento de calificación y el informe final mediante una resolución unánime en la que algunos alegatos de los magistrados refieren la “carencia de criterios de razonabilidad”.
No obstante, la decisión del máximo entre de interpretación de la Constitución en el Perú parece no ser suficiente para el Congreso, pues la Comisión permanente ha incluido en la agenda de este jueves 24 el debate del anulado informe final que recomienda inhabilitar al presidente Pedro Castillo por un periodo de cinco años. ¿Qué tan lejos puede llegar?
Para el exmagistrado del TC Eloy Espinosa-Saldaña, el debate de este informe ya no debería ser tratado. “Ya no debería el Congreso ver esto. Esperemos dejarlo ahí”, señaló. No obstante, aclaró que “eso no significa que no haya otras acusaciones constitucionales contra el presidente. Hay algunas ya planteadas y otras en marcha. Solo se está resolviendo la denuncia por traición a la patria”.
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En esa misma línea, el experto constitucionalista Omar Cairo reiteró que el tratar esta denuncia y proseguir con ella corresponde a un despropósito, pues lo que debe hacer realmente la Comisión Permanente es “examinar la sentencia del Tribunal Constitucional y actuar en consecuencia”.
“El Congreso no va a poder válidamente admitir a trámite la denuncia constitucional si se sustenta en los mismos hechos; por lo tanto, lo que corresponde es, a la luz de lo que dice la sentencia, archivar la denuncia constitucional”, coincidió Cairo con Espinosa-Saldaña.
De no ser así, el Legislativo estaría brindando un mensaje muy cuestionable. “Estarían cometiendo una infracción a la constitución muy grave. Estarían incumpliendo una orden del órgano máximo de control de la justicia constitucional y todo lo que harían sería nulo, no tendría valor jurídico”, aseveró Cairo.
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Por ello, la vía más probable es el archivo de esta denuncia. El TC ya ha deliberado y ha resuelto que los hechos que sustentan este pedido del Legislativo no concuerdan con el significado de delito de traición a la patria para nuestra Constitución.
El Parlamento tendrá que buscar otras vías para lograr el cometido de sacar a Castillo del Ejecutivo, por lo que se alistan mociones de vacancia, suspensión, e incluso otras acusaciones constitucionales en contra del mandatario para los próximos meses.