Pedro Castillo: Subcomisión recomienda admitir denuncia constitucional presentada por Patricia Benavides

La Secretaría Técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) recomendó admitir la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo.

En ese panorama, la subcomisión abordará, este miércoles 16 de noviembre, el informe de calificación de la denuncia constitucional para debatir si procede la recomendación de la secretaría técnica.

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“Admitir a trámite la DC 307, presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides contra el presidente Pedro Castillo como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión”, destaca la conclusión

De acuerdo al reglamento, la subcomisión es el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas, es decir, la sesión tiene como finalidad si se admite la iniciativa que promueve el Ministerio Público.

De esta manera, el grupo que lidera la congresista Lady Camones se reunirá a las 6.30 de la tarde en la sala Miguel Grau Seminario del Congreso.

Denuncia constitucional contra Pedro Castillo

El pasado 11 de octubre, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra el presidente Pedro Castillo por los casos Puente Tarata III y Petroperú.

La iniciativa de la titular del Ministerio Público también recae en los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento), en el marco de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en ambos casos.

El sustento de Benavides responde a interpretar el artículo 117 de la Constitución en el trámite de la denuncia constitucional contra Castillo. En ese sentido, solicitó que se haga un control de convencionalidad con el propósito de que se aplique la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Justamente, el referido mecanismo hace hincapié en la responsabilidad de los gobiernos de implementar medidas efectivas de protección a los denunciantes, para así garantizar que los mismos estén protegidos contra cualquier posible represalia.