Fiscalía y UAP definirán ante juez caso de lavado de activos
Imputan a Alas Peruanas desbalance patrimonial, pero casa de estudios alega que incrementos de capital provienen de aportes de activos inmobiliarios de su accionista mayoritario, la Cooperativa Alaspe, y que incluso cuentan con el aval del Tribunal Constitucional.
En audiencia ante el juez Víctor Zúñiga Urday, el fiscal Wilson Salazar Reque sustentará el requerimiento de inclusión de la Universidad Alas Peruanas (UAP) en el caso de lavado de activos abierto contra el excongresista Joaquín Ramírez Gamarra, miembros de su familia y presuntos testaferros.
Salazar sostiene que la UAP presuntamente efectuó operaciones inusuales para aumentar su capital social con fondos de origen desconocido, desproporcionada respecto a sus ingresos en ese periodo bajo investigación.
La documentación acreditada por la Fiscalía está basada en información de Registros Públicos, que indica que en 1998 la UAP se creó con un capital social de S/1.000, y que, en 1999, esta cifra fue aumentada a S/6.167.964.
Los “incrementos patrimoniales inusuales”, como indica el fiscal, prosiguieron en el año 2000 al elevarse la suma a S/49.948.127 y en 2002, alcanzó lo S/54.495.067 montos que serían desproporcionadas a los ingresos de universidad en esa fecha.
Según información de la Fiscalía, una parte de los fondos que presuntamente usó la UAP para aumentar el capital se originaría en los US$15 millones que, según un testigo, Keiko Fujimori le entregó a Joaquín Ramírez para financiar la campaña presidencial de 2011.
El fiscal Wilson Salazar pide la inclusión de UAP en caso de lavado.
La hipótesis fiscal trata de vincular esos aportes de capital con los supuestos US$15 millones que la excandidata presidencial se presumió lavó por intermedio de Joaquín Ramírez cuando su tío Fidel Ramírez Prado ejercía como rector y gerente general de la UAP.
Para el fiscal Salazar, de esta manera se habría generado un supuesto desbalance en el aumento del patrimonio de la UAP, por eso solicitó la incautación de todos los bienes de la universidad, por el “incremento patrimonial desproporcional a sus ingresos”.
Según fuentes relacionadas con el caso, la UAP señala que no se le requirió información relacionada a dicha imputación, siendo este el fundamento para solicitar su levantamiento del secreto bancario.
La universidad arguye que los incrementos patrimoniales fueron efectuados con aportes de su accionista mayoritario, la Cooperativa Alaspe, los que debían ser capitalizados para aplicar a los beneficios del Decreto Legislativo N° 882 “Ley de promoción de la inversión en educación”, vigente en aquella época.
Fuentes de la casa de estudios, la figura utilizada por la UAP para aumentar su capital social en periodo comprendido entre 1999 y 2002 estarían legalmente acreditados por el Ministerio de Educación, e incluso confirmados en el año 2012 por una sentencia del Tribunal Constitucional frente a un reclamo realizado por Sunat, en relación con la aplicación de dichos beneficios tributarios.
La universidad señala que con sus ingresos académico hizo aumentos de capital, no con fondos ilícitos.
La misma fiscalía ha documentado que Fidel Ramírez contrataba a las empresas de su sobrino Joaquín Ramírez para la compra o alquiler de inmuebles, con la finalidad de destinarlos como centros de estudios de la UAP en Lima y en provincias. Una práctica que Fidel Ramírez repitió con sus hijas Maribel y Nancy Ramírez Gallegos, y los respectivos esposos de estas, Marco Antonio Urteaga y Johnny Ramírez Núñez.
La defensa de la actual administración de la UAP señala que se ha denunciado civil y penalmente a los familiares y directivos de Fidel Ramírez, y que los contratos que estos originaron en su beneficio también fueron cancelados. También indica que después de 2003, los incrementos patrimoniales se sustentan con los ingresos por actividades educativas que ascienden a los US$1.600 millones.
LOS IMPLICADOS
El fiscal Wilson Salazar Reque hace poco también pidió y sustentó el pedido de impedimento de salida de ocho investigados por presunto lavado de activos. La lista la encabeza el exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez Gamarra, quien, según la fiscalía, amasó una fortuna con empresas que contrataban con la Universidad Alas Peruanas, cuando su tío Fidel Ramírez Prado era el amo y señor.
El pedido alcanza a Maribel y Nancy Ramírez Gallegos, hijas de Fidel Ramírez, y a su viuda, Nancy Gallegos Vela. También Amparo Castañeda Cubas, Edmond Jordán Montes, Yohny Ramírez Núñez y Marco Urteaga Cabrera.
En el caso de lavado de activos están incorporados como “brazo político” de la UAP durante la gestión de Fidel Ramírez Prado, la excandidata presidencial Keiko Fujimori y el exdirigente nacional fujimorista Pier Figari Mendoza.