Daniel Soria: “Tengo todo el derecho a sospechar respecto a la emisión del informe de la Contraloría”
El procurador general del Estado da su punto de vista sobre el informe de la Contraloría General de la República y asegura que tiene todo el derecho a sospechar, especialmente porque el informe se remite a otro anterior, de enero de 2022.
El procurador general del Estado, Daniel Soria, le pide al ministro de Justicia, Eduardo Arana, que “lo más pronto posible” decida sobre el informe de Contraloría que plantea una supuesta falta de idoneidad para el cargo. En esta entrevista responde sobre este hecho que, dice, le llama a sospecha.
-Un informe de la Contraloría concluye que hubo una supuesta irregularidad al verificar su idoneidad para el cargo. ¿Cree que hay motivación política detrás de él?
-Tengo todo el derecho a sospechar respecto a la emisión de ese informe de la Contraloría -porque se remite a uno anterior, de enero de 2022, que fue el sustento para que el Gobierno de ese entonces, con el presidente Castillo y el premier Torres, emitiera una resolución que me cesó en el cargo.
-El informe de los auditores Llamoctanta y Guerrero.
-Correcto. Y son los mismos que suscriben el informe de setiembre de este año. La resolución -(de cese) fue impugnada en un proceso de amparo que concluyó con una sentencia a favor de mi demanda.
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-Y con su reposición. ¿Pero por qué es importante recordar lo que pasó en el 2022? ¿Cuál es la relación con lo de ahora?
-Porque en este informe de setiembre de 2023 se remiten al de 2022. Tenían que verificar que yo cumpliera con los requisitos de una ley posterior, la de idoneidad, que solo se aplicaba a funcionarios de confianza, pero cuya aplicación se amplió a cargos de remoción regulada, como el mío. ¿De qué requisitos hablamos? Contar con educación superior completa —tengo una maestría en Ciencia Política—, ocho años de experiencia general laboral —he acreditado más de 24— y cinco años de experiencia específica en cargos directivos —acredité 17 en el sector privado, más dos años como procurador general—.
-¿Y cuál es el problema?
-Que en el informe de Contraloría del mes pasado se señala que la evaluación debía hacerse a la luz del informe de 2022. Es decir, se resucita un informe anterior que dio pie a una resolución revertida por un amparo, que es cosa juzgada.
-Me ha dicho que sospecha de una motivación política. ¿De parte de quién?
-En la Procuraduría, cumpliendo nuestro mandato, tenemos una amplia gama de denuncias e investigaciones fiscales que hemos ingresado sobre altos funcionarios: a congresistas, a la presidenta, al premier, al presidente del Congreso, al defensor del Pueblo. Participamos en las diligencias para interrogar a testigos.
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-Las declaraciones del premier Otárola —“en mi caso, a diferencia de algunos funcionarios como el procurador general del Estado (Daniel Soria), yo respeto escrupulosamente la reserva de las investigaciones y me remito al accionar de la Fiscalía y del Ministerio Público”— sugieren incomodidad. ¿Qué responde?
-Rechazo que la Procuraduría viole la reserva. Las declaraciones hechas fueron sobre la base de información ya conocida y en algunos casos difundida por el propio abogado de la presidenta (Dina Boluarte). Como que la presidenta se haya acogido a su derecho al silencio y que la Procuraduría haya exigido que las 47 preguntas que se iban a formular consten en el acta. Y el hecho de que en la diligencia del señor Otárola los abogados de la Procuraduría hayan defendido la idoneidad de las preguntas planteadas.
-¿A qué hacían referencia las preguntas que se le quería plantear a la presidenta?
-Buscaban conseguir la verdad de los hechos imputados para que la Fiscalía llegue a una conclusión y eventualmente formule una denuncia constitucional por los tres delitos imputados, por dos, por uno, o archive la demanda.
-Si la presidenta no respondió a la Procuraduría, ¿cuál sería el aporte de su despacho a las investigaciones?
-Haber trazado una estrategia en donde, primero, identificamos a las personas relevantes para ofrecer sus testimonios y, segundo, realizar las interrogantes puntuales que nos lleven a saber qué pasó.
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-¿Hay interés de parte del Ejecutivo de retirarlo del cargo por estas indagaciones? ¿Es alguien incómodo?
-Lo que percibo es una suerte de déjà vu, de algo que ha sucedido tal cual. Como le dije al inicio, tengo todo el derecho de establecer algunas sospechas. Quisiera saber cuál es el origen de todas estas acciones.
-Dice que la Fiscalía puede denunciar constitucionalmente a la presidenta si lo considera oportuno. ¿Algunos de los cargos en los que podría estar involucrada calza con los causales del artículo 117?
-Desde el punto de vista literal, de lo que dice el 117, no. Dicho esto, debemos recordar algo, que pusimos en el escrito del expresidente Castillo sobre el caso Puente Tarata: el artículo 117 fue pensado en el siglo XIX para actos realizados por presidentes típicos de esa época que cerraban el Congreso, o impedían las elecciones o el funcionamiento de las instituciones. Pero en el siglo XXI, si hay presidentes que cometen actos de corrupción o afectan derechos fundamentales en el ejercicio del cargo, no puede impedirse que sean investigados. El 117 debió haber sido derogado hace tiempo. No fue así. En todo caso, el Congreso debería hacer un ejercicio de interpretación constitucional. Las inmunidades de los altos funcionarios tienen que estar en atención al respeto de los derechos fundamentales de las personas y de las bases de todo Estado democrático.
-¿Interpretación del artículo 117 como parte de un cuerpo más grande o su modificación?
-Lo ideal sería modificarlo para ampliar sus supuestos o eventualmente derogarlo. En todo caso, como usted bien dice, la Constitución es un corpus integral en donde hay una parte muy importante que tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas, con el hecho de que un Estado democrático de derecho se basa en la lucha contra la corrupción, en que no puede existir impunidad frente a delitos cometidos.
