Municipalidad Metropolitana de Lima propone que Gobiernos locales designen a su procurador
Alerta. Igual que hizo el Congreso, ahora alcalde López Aliaga propone que Gobiernos locales designen a su propio procurador sin intervención de la PGE.
¿Carta blanca para la corrupción? El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga Cazorla, presentó ante el Congreso el proyecto de ley n. 6026/2023-GL que propone que todos los Gobiernos locales y regionales designen a sus procuradores.
La norma fue aprobada por el Concejo Metropolitano de Lima el 8 de setiembre del 2023 y remitida al Congreso por el secretario del concejo, José Alberto Danos Ordóñez. El PL 6026 propone modificar el decreto legislativo 1326, que contiene la normativa que regula al Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y que creó la Procuraduría General del Estado (PGE).
Se plantea modificar los artículos 16, 24, 31 y 32 del DL 1326 exceptuando al Consejo Directivo de la PGE de escoger a los procuradores de los Gobiernos regionales y locales.
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Es la misma fórmula que aprobó la ley n° 31778, iniciativa del congresista Esdras Medina (Somos Perú), aprobada por el Pleno y ratificada por la presidenta Dina Boluarte el 7 de junio de 2023, que dispuso que el Congreso y otras instituciones designen a su propio procurador sin intervención de la PGE.
La República consultó a expertos en temas de defensa jurídica del Estado para evaluar los impactos que traería esta norma en la lucha contra la corrupción, de llegar a aprobarse.
El exprocurador Antonio Maldonado afirmó que este proyecto es un intento de debilitamiento a la defensa jurídica del Estado y la lucha anticorrupción.
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“Es lo mismo que pidió el Congreso. Es un nuevo golpe. La racionalidad es la misma, debilitar el sistema de defensa jurídica del Estado. Es un gran retroceso que va a tener efectos en la idoneidad y eficacia del carácter independiente de las procuradurías en los Gobiernos regionales y locales”, alertó Maldonado.
Por otro lado, el exprocurador José Ugaz informó que la misma Contraloría ha advertido que son los Gobiernos regionales y locales los que más casos de corrupción tienen.
“Más del 90% de los alcaldes distritales y más del 70% de los alcaldes regionales tienen investigaciones por corrupción. El Congreso ya hizo lo mismo y ahora tienen un procurador que es un empleado del Congreso. Si seguimos en esa tendencia absurda, mañana cada ministerio también podría pedir lo mismo. Se desvirtúa el sentido de la existencia de la procuraduría en su totalidad”, advirtió Ugaz.
Asimismo, el procurador público especializado en Delito de Lavado de Activos, Miguel Ángel Sánchez Mercad, precisó que este proyecto desnaturalizaría el diseño de la defensa jurídica del Estado al restarle autonomía a los procuradores.
“No ha sido extraño escuchar noticias de procuradores municipales que fueron apartados del cargo al denunciar irregularidades, o de alcaldes que han pretendido nombrar a otros, donde la PGE ha debido hacer valer esa actual autonomía, o no contratar personal o no brindarles los recursos logísticos para ejercer su función “, respondió Sánchez Mercado.
Reacciones
Antonio Maldonado, exprocurador
“Decir que este proyecto mejorará la descentralización, es una gran falacia. Ese es un problema que viene de raíz (...) Un procurador no debería depender del alcalde de turno, porque perdería toda su autonomía”.
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José Ugaz, exprocurador
“Si se aprobase sería un grave error. Se trata de un sistema integrado. Según el DL 1326, la labor que cumplen los procuradores tiene su principal fundamento en su autonomía. Si los alcaldes los designan, esta ya no existiría”.
Miguel Ángel Sánchez, procurador público
“Podemos señalar que el PL 6026 afectaría el diseño de defensa autónoma y libre de interferencias del Estado del cual goza hasta ahora, al no depender la designación de un alcalde o gobernador regional”.
