Declaración. La quinta y última jefa de gabinete de Pedro Castillo deberá cumplir comparecencia con restricciones, tras la negativa del Poder Judicial de apresarla preventivamente durante 18 meses. En su primera declaración pública, la desaforada congresista Betssy Chávez dijo sentirse tranquila.
"Estábamos esperando una primera etapa. Consideramos, sin ánimos de triunfalismo, que esto es parte de un proceso largo, complejo todavía, y esperamos que se pueda saber la verdad", apuntó. En efecto, la Fiscalía anunció que apelará el recurso. La determinación será evaluada en primera instancia por la Sala Penal Suprema Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín.
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En remembranza del último año castillista, Chávez recordó que "no estaba de acuerdo ni con la vacancia ni con el cierre del Congreso". Citó el 28 de noviembre de 2022, día de la sustentación ante del Pleno del proyecto de presupuesto 2023, para respaldar su enunciado.
Betssy deberá acudir a declarar ante la Fiscalía y el Poder Judicial durante las investigaciones por la intentona golpista de diciembre último. Al respecto, no deberá comunicarse con testigos ni coinvestigados de la carpeta abierta por el presunto delito de rebelión. Además, como dispuso el juez supremo Juan Carlos Checkley, este 26 de abril, evitará ausentarse de Tacna, donde reside, sin autorización judicial, y tendrá que ser identificada cada fin de mes por el control biométrico.
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Esas son las obligaciones dictadas por el Poder Judicial para su comparecencia con restricciones. El 11 de abril de 2023, el Ministerio Público pidió prisión preventiva, pero el requerimiento fue negado por la ausencia del peligro de fuga y la nula obstaculización indagatoria.