Medida. Así lo anunció el ministro de Justicia, Víctor García Toma, al ser consultado sobre el nombramiento de cuatro integrantes del CSJM, quienes juraron defender lealmente a Fujimori y Montesinos. Nota relacionada En referncia al caso del actual presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), Carlos Mesa Angosto y tres de los integrantes de este tribunal, entre ellos, el general de brigada EP(r) Hugo Manuel Pow Sang Sotelo y el mayor general FAP (r) Orlando Tafur del Águila, quienes firmaron un acta en la que un grupo de altos mandos juraron defender a los violadores de derechos humanos. “Ese es un hecho que nosotros no conocíamos y que en todo caso, seguramente merecerá la reflexión de las correspondientes autoridades para ver si se renueva o no la confianza a estas personas”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio. “Pero también para decirlo, el almirante Mesa me ha parecido una persona sensata, cordial, entusiasta, con sanos propósitos más allá que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con sus puntos de vista”, agregó. Como se recuerda el punto 8 de la mencionada Acta de Sujeción señala textualmente que los firmantes se comprometen a “asumir el compromiso institucional, sin límite en el tiempo, de defender, proteger y solidarizarse con los integrantes de las organizaciones [militares], a las cuales se pretende responsabilizar, encausar o ejercer algún tipo de represalia contra ellos por su participación en la lucha contra el terrorismo…. Delegación se enmarcará dentro de la Constitución No obstante, evitó pronunciarse sobre el anuncio de Mesa Angosto, de que el Tribunal Supremo Policial-Militar revisará los expedientes de más de 700 militares procesados en el fuero civil por supuestas violaciones a los derechos humanos, a través de las modificaciones que realizará el Gobierno. Confirmó que el Consejo de Ministros tiene 60 días para emitir un nuevo Código de Justicia Militar-Policial, una nueva ley sobre el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, y normas procesales y penitenciarias para militares y policías procesados o condenados por violación de derechos humanos. García Toma aseguró que el paquete legislativo que prepara el Poder Ejecutivo, vía delegación de facultades, se enmarcará dentro de lo que establece la Carta Magna y los organismos internacionales. (Con información de Ideeleradio)
