Admite haber recibido audios de conversaciones “chupeneadas”, pero no se dice quién se las entregó. Marinos que trabajaban en “Business Track” se ratifican en que Ponce les ordenó espiar teléfonos privados. Miguel Gutiérrez R. mgutierrez@larepublica.com.pe En la residencia del capitán de navío (r) Elías Ponce Feijóo, ubicada en la calle Los Cedros Nº 250, en la Urbanización Los Sirius, La Molina, el equipo especial de la Dirección Antidrogas (Dirandro) denominado “Orión” halló cinco USB que contenían grabaciones de conversaciones telefónicas obtenidas de la interceptación. “Chito Ponce” explicó a las autoridades que los audios le fueron entregados por clientes de su empresa “Business Track” (BTR), a quienes les ofreció hacer peritajes para verificar el contenido de los diálogos. Sin embargo, el ex oficial de la Dirección de Inteligencia de la Marina (Dintemar) se resiste a revelar la identidad de quiénes les encargaron dicha tarea. Tampoco confirmó si dichos clientes son los que aparecen en la página web de BTR. Entre las conversaciones “chuponeadas” que estaban en poder de Elías Ponce se encontraban las de los apristas Rómulo León Alegría y Alberto Químper Herrera. También hay dos altos funcionarios y varios empresarios, cuyas identidades las fuentes vinculadas con la investigación pidieron que no fueran reveladas y menos ceder a especulaciones. Ante las evidencias “Chito Ponce” admitió ante los siete peritos del Ministerio Público y de la Policía que el material encontrado en su vivienda es producto de interceptaciones telefónicas, pero precisó que él no tuvo participación en las acciones de espionaje. Queda en entredicho Su versión contrasta con las manifestaciones ofrecidas por los técnicos de la Marina en actividad y en retiro implicados en el caso, quienes señalan que era Elías Ponce Feijóo quien ordenó el “chuponeo” y entregó los números de teléfono de las víctimas. Faltan tan solo dos días para que culmine el plazo de las investigaciones en el ámbito policial. Tres de los seis implicados han mantenido sus versiones entregadas a las autoridades sobre el espionaje practicado contra Rómulo León Alegría, Alberto Químper Herrera, el dibujante Alfredo Marcos y los ejecutivos de la compañía “Cementos Otorongo”, entre otros agraviados. Las declaraciones vertidas por el técnico segundo (r) Jesús Ojeda Angles y los técnicos en actividad Jesús Tirado Seguín y Martín Fernández Vírhuez corroboran en gran parte la versión del colaborador eficaz Nº 000917. Martín Fernández no solamente admitió su participación sino dio una versión más amplia de las actividades ilícitas de la organización. Indicó que Elías Ponce Feijóo era el cerebro de la organización y quien dirigía el espionaje usando como fachada la empresa de seguridad “Business Track” (BTR). El capitán de fragata (r) Carlos Tomasio De Lambarri era, según la versión de Fernández, quien transcribía los audios entregados por Jesús Tirado. Los técnicos Fernández y Ojeda han admitido un cierto grado de participación pero se han cuidado de inculpar a quienes son considerados por los investigadores los principales responsables de la organización delictiva, es decir, Elías Ponce, Carlos Tomasio y Giselle Giannotti Grados. Los audios hallados a Giselle Giannotti en el caso de Rómulo León y Alberto Químper datan desde febrero hasta setiembre del 2008. Esto es, un mes antes de que los “petroaudios” fueran difundidos por la prensa. Giannotti sostiene que las grabaciones se las entregó el periodista Pablo O’Brien. Otro de los implicados, Carlos Tomasio, ha evitado que la Policía analice el contenido del disco duro de su computadora. Tomasio ha pedido por intermedio de sus abogados que durante el proceso deslacrado de las comunicaciones participen peritos de su confianza. El juez Edwin Yalico todavía no se pronuncia al respecto. La Policía ha continuado transfiriendo la información de los USB y de los discos duros de Carlos Tomasio a un gran dispositivo conocido como “El espejo”, a fin de revisar y determinar si es información comprometedora. En el informe fiscal se incluirá además de los seis implicados a los dos ex empleados de la empresa “Cobra”, una subcontratista de Telefónica del Perú. Estos personajes han sido citados, pero no se han presentado hasta el momento. El técnico Fernández confesó que él llevaba los números telefónicos entregados previamente por Elías Feijóo a sus dos contactos en “Cobra” para que “pinchen” las líneas de los blancos escogidos. Claves Colaborador . Por medidas de seguridad, el juez Edwin Yalico Contreras asignó otro número de identidad a la persona que se acogió en noviembre a la colaboración eficaz a cambio de identificar a la red de chuponeadores. VerificacIón. El dibujante Alfredo Marcos y el gerente de “Otorongo”, Enrique Paredes Chirinos, fueron citados ayer por la Dirandro para certificar si las voces que aparecen en los audios incautados son las suyas. La oposición apoyará elevar las penas El proyecto de ley presentado por la bancada aprista para elevar las penas a quienes cometan delito de interceptación telefónica fue apoyado por la bancada nacionalista. Su portavoz Cayo Galindo señaló a este diario: “La propuesta no es mala, pues las penas actuales son muy veniales, con tres años de cárcel. Pero no solo se debe sancionar al que ‘chuponea’, sino también al que vende y compra esta información obtenida ilegalmente. Hay sujetos activos del delito que deben estar comprendidos dentro de una propuesta integral. Además el Estado puede hacer un inventario del material interceptador y garantizar que los órganos de inteligencia hagan su labor de procesar información, sin coludirse con malos elementos”. El proyecto de ley 2979, promovido por Luis Gonzales Posada, propone modificar el artículo 162 del Código Penal para castigar con pena privativa de libertad de entre seis y diez años a quien “indebidamente interfiere o escucha una conversación telefónica o similar”. La pena aumenta hasta quince años cuando se trate de funcionarios del Estado, según la iniciativa. También pide castigar con pena privativa no menor de cuatro años al que “vende, compre o comercialice equipos electrónicos para la interceptación de comunicación privada”. Otra modificación propone que los equipos decomisados pasen a manos del Estado.
