Instituto naval se propone neutralizar a eventuales miembros de su red. Elías Ponce Feijóo se valió de sus 11 años de trabajo en la Dirección de Inteligencia de la Marina para llevar agentes a la empresa “Business Track”. Ángel Páez. Unidad de Investigación. Una comisión especial de la Inspectoría inició una investigación interna en la Dirección de Inteligencia de la Marina (Dintemar) para identificar y separar a los eventuales integrantes de la organización de espías que encabezaba el capitán de navío (r) Elías Ponce Feijóo, más conocido como “Chito Ponce”. “El objetivo es que no quede ni uno solo”, dijeron fuentes navales a La República. La búsqueda se inició con el interrogatorio a los efectivos que trabajaban junto con los agentes de Dintemar, Martín Fernández Virhuez y Jesús Ojeda Angles, detenidos por la policía al haber sido señalados por un colaborador eficaz como miembros del equipo que dirigía Ponce bajo la fachada de su compañía “Business Track” (BTR). Los interrogatorios incluyen pruebas poligráficas o de “detector de mentiras” a los agentes que de una u otra forma mantuvieron relación con Fernández, Ojeda o el mismo Ponce. El instituto está esperando la autorización respectiva de las autoridades para entrevistar a los agentes Martín Ponce y José Ojeda, que colaboran aportando detalles sobre su participación en la organización de espionaje. La declaración de ambos es clave para detectar a otros seguidores de “Chito Ponce” dentro de Dintemar. Devotos de “Chito Ponce” Para la Marina está claro que quienes eran parte del entorno de Ponce y trabajaban con él en las actividades ilícitas que le encomendaban, no lo hacían solo por ganarse un dinero extra sino también porque le profesan lealtad y comparten sus convicciones, indicaron las fuentes. Eso explicaría por qué, a pesar de que a partir del 2007 la Marina extremó las medidas para evitar la fuga de información o la infiltración de agentes dobles en la Dintemar, Fernández y Ojeda actuaban como agentes de contrainteligencia del instituto naval y paralelamente laboraban como espías a las órdenes del capitán de navío (r) Elías Ponce Feijóo. Sabían perfectamente el riesgo que inplicaba violentar el reglamento para pasarse al lado oscuro que representa Ponce. En efecto, la Marina prohibió terminantemente a estos efectivos de Dintemar “trabajar, prestar servicios permanentes o eventuales en actividades de inteligencia”, tanto para individuos como para compañías. Es más, firmaron declaraciones juradas. La facilidad con que “Chito Ponce” captó agentes en retiro y en actividad de la Dintemar se debe a que trabajó por más de once años en el organismo de inteligencia naval, siendo el periodo más largo entre 1991 y 1997, durante la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Punta de la madeja Luego, después de desempeñarse como agregado naval en Chile, retornó a Dintemar entre 1999 y diciembre del 2000, cuando fue dado de baja por su estrecha relación con el fujimorato. Su alejamiento, sin embargo, no lo desvinculó de las actividades de espionaje pero esta vez desde su compañía “Business Track”. Fuentes navales dijeron que cuando investigaron el caso de la venta de información de Dintemar a empresas de seguridad privada, y que se le atribuyó al capitán de corbeta Carlos Barba Daza, en 2007, encontraron numerosos indicios de que personas relacionadas con “Chito Ponce” estuvieron involucradas en esa conspiración. La información fue filtrada a cuatro medios de comunicación por el abogado Fernando O’Phelan Pérez, quien a su vez la recibió de un ex oficial de la Marina que maneja una compañía de seguridad, está vinculado estrechamente con la ejecutiva de “Business Track”, Giselle Giannotti Grados, y por si fuera poco también es amigo de “Chito Ponce”. “La finalidad de O’Phelan era sacar de la Dirección de Inteligencia de la Marina al contralmirante Luis Felipe Chumbiauca, quien había ordenado que Ponce no tuviera ningún acceso. Ahora sabemos donde se fabricó el material que repartió a la prensa”, dijeron las fuentes: “Varios de esos personajes de ese caso del 2007 han reaparecido vinculados con la red de espías de ‘Business Track’”. La sospecha es que Ponce podría haber fabricado la documentación que O’Phelan entregó a los medios en las instalaciones de “Business Track”. En el lado oscuro Otro indicio que apunta a que “Chito Ponce” pudo haber proporcionado el material que repartió Fernando O’Phelan a la prensa para sacar al contralmirante Chumbiauca, es que ahora el abogado opera como consejero del capitán de corbeta (r) Carlos Barba, implicado junto con el mismo O’Phelan en el caso de la venta de información de Dintemar. Barba fue reclutado para trabajar en “Business Track” por el mismísimo Elías Ponce, según confirmó a este diario. Barba, que por órdenes de Chumbiauca inició una investigación interna para detectar a los agentes que colaboraban con Ponce, ahora se ha pasado al lado de este, el lado oscuro de la inteligencia. “En la documentación filtrada por O’Phelan a los medios de comunicación había material robado de los correos electrónicos de algunos oficiales y técnicos de Dintemar”, explicaron las fuentes navales: “La única forma de obtener ese tipo de información era contando con gente dentro de Dintemar. Ahora está comprobado que Ponce reclutaba a agentes de Dintemar y los ponía a trabajar para él y su organización en ‘Business Track’. Está claro que Ponce tenía gente infiltrada en Dintemar. Estamos buscando si hay otros más”. En la denuncia penal de la fiscal Mirtha Chenguayén Guevara contra Fernando O’Phelan y Carlos Barba los peritos acreditaron que en el material que O’Phelan filtró a la prensa --cuya identidad reveló una investigación de La República– había documentación que perteneció a Dintemar. El propio O’Phelan declaró a este periódico que ex agentes de Dintemar le proporcionaron el material. Hoy la Marina tiene la convicción de quién se lo proporcionó y con qué objetivo. Lo que llama la atención es que antes y después de que estallara el escándalo generado por las filtraciones de O’Phelan, a fines de abril del 2007, “Chito Ponce” visitó en su despacho al presidente de la Comisión de Inteligencia, vicealmirante (r) Luis Giampietri Rojas. De acuerdo con un reporte del Congreso, Ponce estuvo en la oficina de Giampietri el 26 de febrero y después el 14 de mayo del mismo año. ¿De qué hablaron en esas ocasiones? ¿O las reuniones fueron con el brazo derecho de Giampietri, el capitán de navío (r) César Vidal Garland? Giampietri ha dicho respecto a Elías Ponce que “a los amigos nunca se niega”. “En Dintemar hay al menos 1,200 técnicos. Esperamos que los implicados con Ponce cooperen, porque de todos maneras los vamos a encontrar, si los hay”, precisaron las fuentes navales: “La decisión de la Comandancia General es ubicar, identificar y neutralizar a todos los agentes que responden a las órdenes de Ponce en todos los niveles porque esa gente no merece estar en la Marina, pues cumple directivas personales o particulares que dañan a la institución”. El recontraespionaje Con sorprendente osadía, Elías Ponce aprovechó el escándalo de los “petroaudios” para intentar descabezar nuevamente Dintemar. Esta vez puso en la mira al contralmirante Pedro García Llaque, jefe del organismo de inteligencia naval. Como en el caso de Chumbiauca, García Llaque dictó órdenes expresas para impedir que “Chito Ponce” tuviera acceso a la Dirección de Inteligencia de la Marina. Despachó a agentes de “Business Track” a algunos medios de comunicación para filtrar la falsa información de que el contralmirante Pedro García Llaque le prestó equipos de “chuponeo” a su amigo el capitán de fragata (r) Erick del Águila Villar, propietario de la compañía de seguridad privada “Andrick Service”, para que grabara las conversaciones telefónicas de Rómulo León Alegría y Alberto Químper Herrera. Diarios como “La Razón” publicaron dicha versión falsa. La misma historia tergiversada llegó a La República, por intermedio de dos empleados de “Business Track”, pero verificó que no se ajustaba a la verdad. Ponce no solo buscaba desviar las investigaciones responsabilizando a “Business Track” sino también que maniobró para tratar de buscar el cambio del jefe de Dintemar. Elías Ponce no solo alardeaba del supuesto respaldo político que le redituaba su amistad con el primer vicepresidente Luis Giampietri. También es conocida su relación con un importante empresario en el mercado de compañías de seguridad privada, por intermedio de Giselle Giannotti. Este hombre de negocios incluso incorporó como accionistas de su compañía a dos amigos del jefe del Estado. Según las autoridades que se encargan de “Business Track”, todos serán investigados. La clave VÍnculo. La policía halló el power point sobre los grupos radicales y las Casas del Alba que Giselle Giannotti proyectó en el Comando Conjunto de las FFAA. El material comprende fotografías de seguimiento, correos electrónicos de los sospechosos, filmaciones de los presuntos terroristas, movimientos migratorios y diversa información obtenida mediante prácticas de inteligencia. Casasola acepta ser amigo de ‘Chito’ Entre los interrogados se encuentra el agente de Dintemar en actividad José Casasola Margarito, quien ha sido filmado ingresando al local de “Business Track”. El veterano técnico de inteligencia reconoció que es amigo de Ponce y que lo visitó en su empresa en cuatro ocasiones esporádicas: una por su cumpleaños, otra cuando se encontraba enfermo y en dos oportunidades más por razones de amistad. José Casasola desmiente haber trabajado para “Business Track” o para Elías Ponce, aunque acepta que son amigos porque laboraron juntos durante varios años en la Dirección de Inteligencia de la Marina (Dintemar). Pedro Casasola “mantiene un vínculo de amistad con Elías Ponce Feijóo, una amistad forjada años atrás porque trabajaron juntos. Como resulta lógico, dicha amistad perdura hasta el día de hoy, lo que puede corroborarse con esporádicas visitas realizadas en calidad de amigo”, dijo su abogado Rommel Casasola. Fuentes navales precisaron que la sola relación de amistad de efectivos de Dintemar con Elías Ponce Feijóo no es una sospecha de que trabajen para él. Lo que la investigación interna busca es identificar a los que son parte de su organización. 15 años para los chuponeadores La bancada del Partido Aprista propuso aumentar a 15 años de prisión la pena a los funcionarios públicos que intercepten de manera ilegal las comunicaciones telefónicas. Actualmente, el artículo 162 del Código Penal establece penas de cárcel de entre uno y tres años para interceptadores de llamadas. En el caso de tratarse de un funcionario público, se elevan hasta cinco años. Esta iniciativa legislativa, planteada por el congresista Luis Gonzales Posada, propone modificar el Código Penal para establecer penas privativas de la libertad no menores de 6 ni mayores de 10 años. En el caso de funcionarios públicos, además de inhabilitación, la bancada propone prisión no menor de ocho ni mayor de quince años. El proyecto de ley también establece penas para quienes vendan, compren o comercialicen equipos electrónicos para la interceptación de comunicaciones. En ese caso, las penas no serán menores de 4 años de prisión. Los equipos de interceptación incautados serían decomisados si finalmente existe sentencia condenatoria. El texto distingue la interceptación telefónica ilegal de la legal. El texto permite la interceptación siempre que sea autorizada por mandato judicial en delitos como secuestro agravado, tráfico de menores y robo agravado, entre otras tipologías.
