
El abogado Guido Croxatto, defensor legal del expresidente Pedro Castillo, se pronunció sobre el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que concluyó que su representado fue capturado sin un proceso adecuado. El letrado consideró que el pronunciamiento es positivo para la línea de defensa, pero criticó que llegue luego de varios años.
"La resolución del grupo de trabajo que reconoce que Castillo está detenido en forma arbitraria-ilegal- es auspiciosa porque por fin un órgano de especialistas independientes que trabaja con rigor jurídico reconoce una línea firme de la defensa internacional de Pedro Castillo. Hace años que sostenemos que la vacancia fue jurídicamente nula. Un acto jurídicamente inválido. Al ser nula la vacancia, no podía ser arrestado en la calle el presidente ni mucho menos sometido a un proceso penal. Dicho esto, sin embargo, es bueno hacer un par de salvedades. Porque el grupo reconoce esto con un tiempo calculado, sin inocencia. No elige cualquier momento para emitir su opinión. Tuvieron muchos años. Ahora que ya no tiene alcance político, sí lo reconocen. Antes hubieran debido ir más allá de la "reparación económica por los perjuicios ocasionados". Porque entraba en juego la restitución por una vacancia mal hecha", indicó.
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Croxatto consideró que los profesionales de Naciones Unidas omitieron entrar en detalle sobre la destitución del exmandatario, realizada poco después del discurso en el que llamaba a la disolución del Congreso, ocurrido el 7 de diciembre de 2022.
"Han jugado con los tiempos para evitar decir eso: que además de ser mal detenido, fue mal destituido. Han resuelto una parte. Pero falta resolver la otra: la de un presidente mal vacado. Reconocen formalmente la falta de antejuicio político y el mal retiro de inmunidad, pero lo reconocen cuando el plazo de mandato de Castillo está por concluir en pocas semanas. Por eso nosotros insistimos: hasta el 28 de julio de 2026 el presidente constitucional de Perú, mal vacado, mal arrestado, es Pedro Castillo. El grupo de trabajo ha demorado este reconocimiento porque si lo hubiera hecho en 2023 o 2024 hubiera invalidado la sucesión presidencial. Hubiera generado una crisis política. Hubiera quedado en evidencia que los presidentes "interinos" estaban cometiendo una falta. Un delito: el delito de usurpación de funciones. Hasta el 28 de julio de 2026 el presidente constitucional es Pedro Castillo", aseguró el abogado.
Por otro lado, Croxatto aseguró que, de haberse emitido antes la decisión, esto hubiera significado una invalidación de la asunción al poder de Dina Boluarte.
"Tiene razón el grupo de trabajo de la ONU, pero reconocerlo antes hubiera implicado invalidar la sucesión presidencial de Dina Boluarte, que fue irregular. Como no querían hacer eso, han esperado varios años. Lo reconocen ahora que no tiene efecto político directo y todo muere en una modesta reparación civil. Pero no dice nada de la estafa electoral a los peruanos, la afectación a sus derechos políticos. ¿Cómo se repara? Si fue mal removido del cargo el presidente, el afectado no es solo él. Son también afectados todos sus votantes. ¿Cómo se los va a reparar a todos ellos?"
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Por último, el abogado también indicó que ello hubiera traído consigo un cambio en el desarrollo del pasado proceso electoral, que finalmente dio como ganadora a Keiko Fujimori.
"Si hubieran reconocido esto antes de la elección hubiera tenido un impacto directo en el resultado, sin duda. Esperaron que pasara la elección. Eso es jugar con la democracia y el voto informado de los peruanos. Si hubieran tenido esa información precisa de antemano, hubieran votado con mayor conocimiento de esta causa jurídica. Tal vez el resultado de la elección hubiera sido otro. Evidentemente la opción por la ONU resultó una apuesta inteligente de la defensa ante la inacción del sistema interamericano. Esa fue una apuesta tomada hace dos años. Molesta tener que viajar tan lejos, pero es parte de la pelea que damos los abogados cuando no encontramos justicia en nuestros propios países".
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria determinó que el arresto del expresidente Pedro Castillo, realizado luego de su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, fue arbitrario al no haberse respetado el procedimiento correspondiente. De acuerdo con el documento, difundido por Epicentro y cuya autenticidad fue confirmada a este medio por fuentes cercanas al exmandatario, la detención vulneró diversos derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre ellos la libertad personal, la presunción de inocencia y el derecho a un tribunal independiente.
Como consecuencia de estas conclusiones, los expertos de Naciones Unidas exhortaron al Estado peruano a disponer la liberación inmediata de Castillo y señalaron que el exjefe de Estado está facultado para solicitar una reparación por los daños ocasionados por la privación arbitraria de su libertad. Asimismo, indicaron que darán seguimiento a las acciones que adopten las autoridades peruanas tras la emisión de estas recomendaciones.
El informe también analizó las denuncias sobre una presunta discriminación contra Castillo por su origen campesino y su condición social. No obstante, el Grupo de Trabajo concluyó que no encontró elementos suficientes para acreditar esa afirmación y sostuvo que, más bien, el caso refleja un enfrentamiento permanente entre sectores con posiciones políticas opuestas. En sus conclusiones, recordó además que el Consejo de Derechos Humanos exhorta a los Estados a considerar sus opiniones, adoptar las medidas necesarias para corregir situaciones de detención arbitraria e informar sobre las acciones implementadas.





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