La nueva "estrategia" de Balcázar en seguridad: crean grupo de trabajo para diseñar presupuesto contra el crimen

A través de una resolución ministerial, el Gobierno de José María Balcázar ha creado un grupo de trabajo orientado al diseño de un presupuesto en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

Los funcionarios que lo conformen tendrán como principal objetivo diseñar un programa presupuestal basado en resultados; es decir, que no solo implique gasto, sino que demuestre un impacto real en la población.

Este grupo de trabajo tendrá un plazo de vigencia de 330 días (11 meses); sin embargo, cabe precisar que la resolución señala que dicho periodo podrá extenderse hasta culminar la labor encomendada.

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Grupo liderado por el MEF

El grupo será presidido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e incluirá a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.

También participarán representantes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), Migraciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

“Existe una alta probabilidad de que quede implemente en el papel y no se cumpla, más aún por la extensión del plazo”

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, señaló a La República que la iniciativa podría mantener aspectos positivos, pero advirtió que el plazo estipulado sería su principal punto débil: “(El plazo establecido) sobrepasa el periodo de Balcázar. En realidad, solo llega hasta el próximo año (…). En este caso, se trata de un periodo bastante largo y esperemos que este grupo de trabajo se sostenga para poder generar un presupuesto por resultados”, indicó.

El exviceministro añadió que no sería la primera vez que se establece una disposición de este tipo por escrito que finalmente no se cumple. Valdés mencionó el caso de la Ley 3925, promulgada en 2019.

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“La Ley 3925, que no es una resolución ministerial, sino una ley que ya establecía un programa presupuestal por resultados para la implementación de la política nacional frente a la trata de personas y otras formas de explotación al 2030. En esa norma se otorgaba un plazo de 180 días para su reglamentación, pero nunca se reglamentó. Con esto quiero decir que, si bien es una buena noticia, también existe una alta probabilidad de que quede, como el ejemplo que acabo de mencionar, simplemente en el papel y no se cumpla, más aún por la extensión del plazo”, señaló.

Además, Valdés indicó que los resultados podrían verse recién dentro de dos años: “Este programa por resultados se estaría entregando y recién entraría en vigencia en el año 2028. En estos 330 días estaríamos llegando a febrero o marzo de 2027, y tendría que incorporarse en la programación presupuestal del año 2028, porque el año fiscal ya estaría iniciado. Por lo tanto, no veremos este programa por resultados hasta el año 2028, siempre y cuando se cumplan los plazos y el equipo multidisciplinario cumpla efectivamente con el mandato. En cualquier caso, no veremos ningún presupuesto por resultados antes de 2028”, apuntó.