
Los defensores ambientales e integrantes de organizaciones indígenas que protestan pacíficamente contra el Área de Conservación Regional (ACR) Imiría, en Ucayali, enfrentan una situación continua de riesgo.
Vivir en territorios en donde confluyen diversas violencias, entre ellas la imposición de actividades extractivistas, los ha llevado a enfrentar diversas amenazas. Aún así, ellos no bajan la guardia.
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Así lo alertó Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) donde se denunció las amenazas que vienen recibiendo las personas defensoras del territorio vinculadas al Consejo Shipibo Konibo Xetebo (Coshikox), la Guardia Indígena y la Organización Indígena y Campesina en Defensa de las Áreas y Recursos Naturales del Lago Imiría y Chauya (Oicdarlinch).
Ellos realizan protestas pacíficas desde el 25 de febrero en las instalaciones del ACR, en el lago Imiría.
Las comunidades exigen la anulación de la partida registral N° 1119920, por afectar su territorio ancestral, y la instalación de una mesa de diálogo para abordar las controversias relacionadas con el manejo de los recursos pesqueros.
El difícil entorno en el que los hombres y mujeres realizan la defensa del ambiente y el territorio se visibiliza aún más cuando se conoce que, entre 2012 y 2024, Global Witness ha documentado más de 62 asesinatos en el Perú.
Frente a ese escenario, la CNDDHH remitió comunicaciones al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Defensoría del Pueblo para que, en el ejercicio de sus competencias, dispongan que el responsable del mecanismo intersectorial y/o la persona de enlace en Ucayali se comunique de manera inmediata con los dirigentes de Coshikox, la Guardia Indígena y las autoridades competentes.
Esto con el fin de brindar protección efectiva y contribuir a una solución a las demandas planteadas.
Frente a la situación de riesgo que enfrentan los defensores exigieron el respeto irrestricto al derecho a la protesta pacífica y el cese de cualquier acto de amenaza o intimidación contra los defensores ambientales.
Asimismo, la CNDDHH instó a las autoridades competentes a atender de manera urgente la plataforma de demandas de las comunidades, garantizando un proceso de diálogo transparente y efectivo.
También solicitaron la activación inmediata del mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, a fin de salvaguardar la integridad de quienes enfrentan riesgos por ejercer su labor de defensa territorial.
Los dirigentes han denunciado actos de agresión física (golpes, forcejeos, robos de celulares y amenazas verbales) en contra de los manifestantes, incluyendo a grupos vulnerables como u na mujer embarazada uy un adulto mayor.
Aseguran que estos hechos habrían sido presenciados por el jefe del ACR Imiría, Henkel López.





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