Darwin Espinoza: ordenan levantarle el secreto de comunicaciones por tráfico de influencias y cohecho

El Poder Judicial, a través del Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró fundada la solicitud de la Fiscalía para levantar el secreto de las comunicaciones del congresista de Podemos Perú, Darwin Espinoza, en el marco del caso ‘Ley del Atún’, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

La decisión alcanza a Juan Torres Cubas, Jorge Prado Palomino, Eduardo Mora Asnaran y Kenyi Risco Urbina.

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El ente judicial también dispuso que las teleoperadoras Movistar, Claro, Entel y Bitel entreguen la información precisa del lugar y fecha en las que se adquirieron los números de teléfono de los investigados entre el 1 de diciembre del 2021 y el 29 de junio del 2022.

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La orden del juez supremo Juan Carlos Checkley incluye el reporte de llamadas entrantes, salientes y perdidas de los números telefónicos, así como los mensajes de texto y voz. La información deberá ser entregada en formato Excel y físico con indicación de los números celulares con los que se comunicaron.

También se dispuso informar sobre la fecha, hora, tiempo de duración de las llamadas y el detalle de los minutos y segundos, el registro de datos de las comunicaciones, IMSI e IMEI del interlocutor, tipo y dirección de la comunicación. Módem/ruter o BTS inicial y final (código, nombre, dirección, latitud, longitud y sector) desde donde se comunicó el objetivo y todo otro dato de comunicación que registre.

Además, se deberá entregar la identidad de los IMEI (equipo celular) utilizados, así como los chips (tarjeta SIM) insertados en cada uno de los IMEIs que aparezcan, tanto del emisor como del receptor, las localizaciones y desplazamientos por celdas activas (coordenadas y sectores de la antena).

Pero eso no es todo. El Poder Judicial también ordenó que se entregue el nombre, apellidos, DNI y dirección de los titulares de las líneas telefónicas, la dirección o lugar donde se encontraba físicamente el celular al momento de las llamadas.

La información deberá ser remitida en físico y en forma virtual a la Fiscalía de la Nación, precisamente en la oficina del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, en el plazo de 48 horas.

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El caso

De acuerdo con la tesis fiscal, el parlamentario habría tenido interés en la emisión de un proyecto de ley pesquero del atún en el Ministerio de la Producción que favorecería a grandes empresarios pesqueros, tal como supuestamente mencionó un aspirante colaborador eficaz (ACE).

“(…)Tengo conocimiento de que esa gestión beneficiaría a grandes empresarios pesqueros (…)”, se lee en el documento la declaración del ACE.

Según la Fiscalía, se trataría del Decreto Supremo N.° 09-2022-PRODUCE de 29/06/2022, “Decreto supremo que modifica el reglamento de ordenamiento pesquero del atún, aprobado por Decreto Supremo N.° 032-2023-PRODUCE, y modifica el Decreto Supremo N.° 009-2016-PRODUCE que establece medidas para el fortalecimiento de la industria pesquera en el procesamiento del recurso del atún.

En ese sentido, el Ministerio Público sostiene que Espinoza supuestamente habría recibido S/1 millón. “[…] Darwin le dijo a Juan Torres Cubas que probablemente Luis Martín Mesones Odar iba a ser designado como ministro de la producción y que, como él estaría a cargo del ministerio, sería la garantía de que lo podrían ayudar con la modificación del atún, porque la señora Sada Angélica Goray Chong lo había recomendado, pero que eso le iba a costar un millón de soles (S/ 1.000.000), que sería para él y su grupo de ONCE (11) congresistas del partido Acción Popular […]”, detalla la resolución.

La hipótesis fiscal menciona que el supuesto interés del congresista sirvió para visibilizar el proyecto normativo relacionado con la pesca de atún, para que el sector pesquero pueda fletar su cuota de atún a barcos extranjeros.

El motivo, dice la Fiscalía, es que en 2015 el Ministerio de Producción habría llevado a cabo varios concursos públicos para licitar la cuota de pesca de atún asignada al Perú por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y una de las empresas ganadoras no realizaba esfuerzos para la pesca porque la temporada del atún se cruzaba con la de la anchoveta.

En ese contexto, la Fiscalía sospecha de que Espinoza supuestamente impulsó el mencionado proyecto a través del entonces ministro Jorge Prado Palomino, con el que habría direccionado la designación de funcionarios en puestos estratégicos.

Para sustentar su acusación, el Ministerio Público adjuntó supuestas conversaciones de WhatsApp entre los investigados.

Defensa de Darwin Espinoza

Según el documento judicial, la defensa legal del congresista alegó que con dicha medida se vulneran los derechos fundamentales al no contar con suficientes elementos de convicción y que solo se basa en declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces.