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Política

Rospigliosi defiende a militar que mató a niñas de 6 y 14 años

Perturbador. El Presidente del Congreso alega que no hay pruebas contra el coronel EP (r) Roberto Villar Chamorro, sin embargo, en la sentencia se consigna entre otros el testimonio de Liz Zúñiga Villar, cuyos padres fueron ejecutados por efectivos del Ejército junto con su hermanita Juliana Zúñiga Villar. 

Sentenciado. Tres años después de la matanza, el coronel EP (r) Roberto Villar fue parte del Comando Chavín de Huántar. Foto: Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESGE)
Sentenciado. Tres años después de la matanza, el coronel EP (r) Roberto Villar fue parte del Comando Chavín de Huántar. Foto: Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESGE) | Fernando Rospigliosi | Roberto Villar Chamorro | Caso Cayumba Chico

“No hay ninguna evidencia que (pruebe que el coronel EP en retiro Roberto) Villar (Chamorro) haya cometido ningún crimen. Ningún testigo ha podido identificarlo”, señaló el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, al cuestionar al tribunal que dictó 20 años de prisión por asesinato contra Villar.

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, determinó que Roberto Villar es autor del homicidio de ocho personas, entre ellas dos menores de edad, durante una operación contrasubversiva en la localidad de Cayumba Chico, en el distrito de Mariano Dámaso Beraún (provincia de Leoncio Prado, Huánuco), el martes 29 de marzo de 1994, durante el régimen de Alberto Fujimori.

Según la versión de Rospigliosi, “se trata de un caso ocurrido en 1994, en el Alto Huallaga, cuando Villar era capitán y, como parte de las Fuerzas Especiales del Ejército, peleaba contra terroristas y narcotraficantes”.

Es decir, al coronel Roberto Villar se le atribuye una matanza de civiles cuando enfrentaba a los senderistas y a sus socios narcotraficantes. Pero durante el proceso judicial, no quedó acreditado que las víctimas eran terroristas.

Por órdenes del entonces capitán Roberto Villar, quien dirigía a un grupo de militares que incursionó en Cayumba Chico, entre los días lunes 28 y jueves 31 de marzo de 1994, fueron detenidos y ejecutados, Paulino Abad Mazgo (80), Esteban Villoaga Espinoza (64), Natividad Corne Nazario (63) Rita Huaytán de Corne (55), Lorenzo Zúñiga Abad (42), Magna Villar Flores (32), Isabel Beragán Huaytán (14) y Juliana Zúñiga Villar (6). Había una familia completa: los esposos Lorenzo Zúñiga y Magna Villar y su hija Juliana Zúñiga.

Roberto Villar Chamorro procedía del Batallón Contrasubversivo N° 313, con cuartel instalado en Tingo María (Huánuco), y luego del asesinato de ocho personas, fue incorporado a la Operación Chavín de Huántar, que liberó a 72 rehenes de los terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Durante las audiencias, Villar reconoció que estuvo en el lugar de los hechos y haber participado en la operación militar “Paraíso”, cuando se produjo el crimen múltiple en Cayumba Chico, aunque afirma no haber cometido homicidios.

Testigo. Liz Zúñiga Villar, cuyos padres y hermana fueron asesinados por el Ejército en Huánuco. Foto: Instituto de defensa Legal (IDL)

Testimonios reveladores

“El batallón que integró desde marzo de 1992 a diciembre de 1994, perteneció al Batallón de Comandos N°19 con sede en Lima. El mes de marzo (de 1994), en la última semana, fue designado para desplazarse a Tingo María y retornó después de las operaciones que realizó aproximadamente el 28, 29. 30 de abril (un mes después de las ejecuciones)”, se lee en la sentencia judicial.

Incluso precisó su verdadera identidad: “Al inicio de este proceso, yo fui identificado como ‘Carlos Rafael Arenas Martínez’, con el pseudónimo de ‘Carlos’. Pero mi nombre real es Roberto Emilio Villar Chamorro, alias ‘capitán Carlos’”.

Al respecto, la sobreviviente, Liz Zúñiga Villar, familiar de tres de las víctimas, relató que se enteró de la muerte de sus padres y de su hermana menor por el relato de su abuela: “(Me dijo que mi padre) estaba botado de espaldas, tapado con hierbas, y que cuando lo volteó, todavía tenía los ojos abiertos. Tenía cortes en la barriga e intestinos expuestos”.

En relación a su madre Magna Villar, señaló: “Tenía el brazo roto, la habían cortado”.

“La hermana de la declarante (la niña de seis años) fue violada, le cortaron las piernas y le extrajeron un ojo”.

Añadió que a las otras víctimas, Esteban Villoaga Espinoza y Paulino Abad Mazgo, recibieron disparos de los militares, al igual que a Lorenzo Zúñiga Villar, padre de la testigo.

Reclamo. Según Rospigliosi, el tribunal debió aplicar la ley de amnistía al coronel Villar. Foto: Congreso

Cuando la fiscalía encontró los restos de las ocho víctimas, y dispuso la necropsia, los resultados demostraron que los perpetradores habían actuado con extramada violencia.

También hay evidencia de que testigos observaron a las víctimas en manos del Ejército antes de ser asesinadas. El testigo Noé Bonifacio Herrera, “afirmó haber visto detenidas a algunas víctimas y presenciado la detención y muerte de otras, siendo que solamente pudo recoger del lugar donde se encontraban y transportar al cementerio los cuerpos de Lorenzo Zúñiga Abad, Magna Villar Flores, Juliana Zúñiga Villar, Paulino Abad Masgo, Rita Huaytán de Corne e Isabel Baragán Huaytán”.

En efecto, los resultados de las necropsias evidencian la forma horrorosa en la que perecieron las niñas de seis y 14 años.

En el caso de la primera, Juliana Zúñiga, falleció por “una hemorragia masiva aguda de necesidad mortal y por herida por arma blanca”. Mientras que la segunda, Isabel Beragan, perdió la vida por efectos de un “traumatismo encéfalo craneano, por hemorragia masiva aguda y por heridas por arma de fuego”.

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