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Política

José Domingo Pérez denuncia que no lo dejaron recoger pertenencias de su oficina tras ser suspendido: "Están mandando un mensaje"

El suspendido fiscal Domingo Pérez expresó preocupación por las pruebas y documentos que dejó en el Ministerio Público, pues desconoce quién los custodiará tras dejar su cargo.

Domingo Pérez fue suspendido como fiscal del Equipo Especial Lava Jato
Domingo Pérez fue suspendido como fiscal del Equipo Especial Lava Jato | Composición: LR.

La controversia en torno a la suspensión de José Domingo Pérez como fiscal del Equipo Especial Lava Jato sigue generando repercusiones. Esta vez, el ahora exfiscal denunció que no se le permitió recoger sus pertenencias del despacho que ocupaba en la sede del Ministerio Público. En un video difundido por el programa 'Ocurre Ahora', se observa al abogado manifestando su indignación y señalando que esta medida forma parte de una campaña de humillación en su contra, destinada a enviar un mensaje disuasorio a los fiscales que investigan casos similares a los que él tuvo a su cargo.

"No solo quieren humillarme a mí, a pesar de los años que tengo como fiscal, sino también enviar un mensaje a todos los fiscales que actualmente manejan casos importantes. Casos como el del gasoducto de Lima, arbitrajes que involucran a abogados como el señor (Humberto) Abanto Verástegui, casos de lavado de activos, crimen organizado y corrupción. Ese es el mensaje que buscan transmitir", declaró.

Pérez también expresó su preocupación por los documentos relacionados con las investigaciones que lideró. Afirmó que desconoce quién se hará cargo de resguardar las pruebas recopiladas durante su gestión en el Ministerio Público.

“Mis cosas siguen ahí. Debo esperar una autorización para poder retirarlas. Son objetos mínimos: algunos libros y artículos de aseo. Lo que realmente me preocupa son las pruebas y documentos que permanecen ahí. ¿A quién se los entregarán? ¿Quién los recibirá? Yo no tengo la facultad para designar a un sucesor que se encargue de custodiar adecuadamente esa información. Ya veremos qué decisiones toman las autoridades del Ministerio Público", comentó.

José Domingo Pérez fue suspendido como fiscal del Equipo Especial Lava Jato

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público suspendió temporalmente, por un periodo de seis meses, al fiscal José Domingo Pérez. Esta medida forma parte de un proceso disciplinario iniciado en su contra por presuntas faltas cometidas durante la investigación del abogado Arsenio Oré Guardia, implicado en el denominado "caso Cócteles", relacionado con supuestos aportes ilegales a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.

Según la ANC, Pérez habría intervenido en esa investigación pese a estar legalmente impedido, ya que figuraba como posible agraviado, infringiendo así el artículo 47° de la Ley de la Carrera Fiscal. La investigación disciplinaria se inició el 22 de noviembre de 2024, cuando la ANC abrió de oficio un proceso tras la participación de Pérez como fiscal provincial del Equipo Especial encargado de los casos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht. El Tribunal Constitucional respaldó finalmente la posición de Oré Guardia, anulando las acusaciones emitidas por el equipo de Pérez durante más de cinco años. Además de la transgresión al artículo 47°, la ANC sostiene que el fiscal también habría incumplido los artículos 33°, incisos 2 y 3, al comprometer la imparcialidad, objetividad e independencia exigidas por el cargo.

La suspensión de Pérez se suma a otras decisiones similares adoptadas por la ANC, como la reciente ampliación de la sanción impuesta a Marita Barreto, también miembro del equipo Lava Jato. Estas medidas se producen en medio de un contexto polémico, tras la difusión de un audio que vincula al jefe de la ANC, Juan Fernández Jerí, con presuntos intentos de interferir en las investigaciones contra el partido Fuerza Popular. Ante esta situación, Pérez denunció públicamente que enfrenta un sistema de control cooptado por intereses políticos. Afirmó que continuará luchando contra lo que considera una medida arbitraria, impulsada por quienes buscan deslegitimar su labor en la lucha contra la corrupción.

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