
El juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y otros acusados por el golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022 se lleva a cabo en el penal de Barbadillo en medio de polémicas, pues el expresidente se declaró desde el último lunes 10 de marzo en huelga de hambre alegando que estaba siendo enjuiciado de forma injusta.
Al respecto, el Ministerio Público dispuso que medicina legal examine al expresidente previo al inicio de la audiencia. El médico Lino Gutiérrez Escalante concluyó que Castillo se encuentra clínicamente y hemodinámicamente estable; pero, reporta una ligera deshidratación.
Previo al ingreso al juicio oral, en declaraciones a la prensa, Gustavo Bobbio, exministro de Defensa durante el Gobierno de Pedro Castillo, precisó que él no sabe quién escribió el discurso que ocasionó que Castillo Terrones hoy sea acusado del delito de rebelión.
Asimismo, buscó defender al expresidente de una manera muy particular diciendo: "Se ha suicidado políticamente, para mi juicio deben darla 3, 4 años por estúpido, pero no por haber hecho un golpe de Estado".
El defensor público Edgar Callahualpa renunció a la representación legal de Pedro Castillo, argumentando "pérdida de confianza" y "falta de respeto" por parte del expresidente. Según informó, Castillo no mostró intención de colaborar y, además, lo acusó de grabarlo sin su consentimiento durante la audiencia del 6 de marzo.
En su lugar, se designó a Ricardo Jhony Hernández Medina como nuevo abogado del exmandatario, quien es investigado por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Callahualpa presentó su renuncia mediante un informe en el que solicitó reasignar el patrocinio legal de Castillo. En el documento, señaló que la relación de confianza entre abogado y defendido se había deteriorado desde el inicio del juicio oral, lo que le impedía continuar con su labor.
Asimismo, acusó a Castillo de negarse a mantener comunicación efectiva con su defensa y de manifestar públicamente que no deseaba su patrocinio. Además, en la audiencia del 6 de marzo, el exmandatario lo acusó de grabar conversaciones, hecho que el abogado negó.
En su informe, Callahualpa también indicó que la relación con su defendido se había vuelto "insostenible" debido a la falta de cordialidad y respeto. Ante esta situación, la magistrada Norma Carbajal dispuso la asignación de un nuevo defensor público, ya que Castillo se negó a contar con un abogado de su libre elección. Hernández Medina asumió la defensa desde la audiencia del 10 de marzo para garantizar la continuidad del juicio.

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