
El partido Ciudadanos por el Perú (CPP), vinculado a Nicanor Boluarte Zegarra, logró su inscripción oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el pasado 15 de enero. Con esta inscripción, ahora son 40 los partidos políticos habilitados para participar en las elecciones generales de 2026.
Sin embargo, el partido está relacionado con la investigación por el presunto delito de organización criminal que se le sigue al hermano de la presidenta Dina Boluarte al haber utilizado a prefectos y subprefectos para recolectar las firmas necesarias para esta inscripción.
Recientemente, el Poder Judicial revocó la orden de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y otros presuntos implicados en el caso "Los Waykis en la Sombra", decisión que había llevado a Boluarte Zegarra a mantenerse como prófugo de la justicia.
Además, el 17 de enero, el juez Concepción Carhuancho declaró infundado el recurso de declinatoria de competencia presentado por la defensa del hermano de la mandataria que buscaba que el proceso sea trasladado a otro juzgado.
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Un día antes que su partido lograra la inscripción, el 14 de enero la Quinta Sala Penal Nacional de Apelaciones, por mayoría, consideró que no existen evidencias concretas de cohecho en el nombramiento de prefectos y subprefectos en la investigación por organización criminal contra Nicanor Boluarte, quien ahora podrá afrontar la investigación en libertad.
Tal como La República lo informó, la resolución se basó en tres argumentos principales: la aplicación de las leyes 32108 y 32138, creadas por el Congreso y que modifican las definiciones y requisitos para el delito de crimen organizado; la imposibilidad de discutir la constitucionalidad de una ley en una audiencia de prisión preventiva; y la falta de pruebas contundentes sobre los delitos que le imputaron.
La investigación sobre la presunta organización criminal comenzó cuando el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) realizó la detención preliminar de Nicanor Boluarte Zegarra y otros involucrados. Según la Fiscalía, la supuesta red, liderada por el hermano de la mandataria, buscaba consolidar poder político mediante la designación estratégica de prefectos y subprefectos en diversas regiones, con el propósito de inscribir el partido Ciudadanos por el Perú (CPP).
Asimismo, se le acusa de haber controlado cargos clave dentro del gobierno para obtener beneficios ilícitos, aprovechándose de la influencia por su vínculo con Dina Boluarte.

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