La congresista Susel Paredes presentó una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte debido a los diversos cuestionamientos que vienen ocurriendo en torno a como viene manejando el Poder Ejecutivo. La falta de transparencia en casos como el de Vladimir Cerrón, los Rolex y las acciones que ha tomado durante las protestas han sido motivo para impulsar esta solicitud por incapacidad moral.
Para la presentación de esta moción de censura se necesita al menos el 20% de firmas del número legal de congresistas, en otras palabras, el documento deberá tener la autógrada de 26 parlamentarias para que pueda ser admitida a discusión.
Uno de los primeros argumentos que Susel Paredes aborda es el más sólido de presunta corrupción, el Gobierno de Dina Boluarte: el caso Rolex. El escándalo denominado "Rolexgate" destaca en las acusaciones, donde se señala a la presidenta de utilizar relojes de lujo cuya procedencia no ha sido adecuadamente declarada, incurriendo en contradicciones y posibles omisiones en sus declaraciones juradas. La Fiscalía ha abierto investigaciones sobre enriquecimiento ilícito y faltas relacionadas.
En cuanto al caso de Vladimir Cerrón, la parlamentaria acusa a Dina Boluarte de proteger al prófugo Vladimir Cerrón, expresidente de Perú Libre, utilizando recursos estatales. Incidentes como el presunto uso del vehículo presidencial para evitar su detención en febrero de este año lo que refuerzan las alegaciones de complicidad y obstrucción de la justicia.
Durante sus ausencias del país por viajes, Dina Boluarte, gracias al Congreso, modificó leyes para permitirse gobernar a distancia, un cambio que contraviene las disposiciones constitucionales. "El pleno del Congreso aprobó en junio de este año (2024) una modificación a esta norma, a través de una modificación a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE)", se lee.
Revista digital The Intercept calificó a Dina Boluarte como una de las peores presidentas de Sudamérica. Foto: composiciónLR/difusión
Durante julio de 2023, se reveló públicamente que el Despacho Presidencial permaneció inactivo durante un periodo de al menos 12 días debido a la ausencia de la presidenta Dina Boluarte. Esta pausa en las actividades oficiales se atribuyó a la recuperación de la mandataria tras someterse a intervenciones de cirugía estética, las cuales generaron cambios evidentes en su rostro.
En ese mismo periodo, el equipo de comunicaciones del Palacio de Gobierno publicó en la cuenta oficial de Flickr de la Presidencia fotografías de eventos previos. Esta estrategia buscó dar la impresión de que Boluarte continuaba con su agenda oficial, en un intento de cubrir su ausencia temporal.
Las respuestas del Gobierno a las protestas desde diciembre de 2022 se han caracterizado por un uso excesivo de la fuerza, resultando en más de 60 muertos y heridos por impactos de armas de fuego, según reportes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El manejo económico bajo Boluarte ha visto un incremento en la inflación y un déficit fiscal alarmante. Además, la pobreza y la pobreza extrema han aumentado, lo que refleja una gestión deficiente de la economía y los programas sociales, especialmente en un contexto de inseguridad alimentaria severa.
En 2024, el déficit fiscal en Perú alcanzó un 4% del Producto Bruto Interno, el nivel más elevado registrado desde 1992. Esta situación fiscal crítica se acompaña de una inflación que ha superado el crecimiento económico, agudizando los problemas financieros del país. En paralelo, el índice de pobreza monetaria ha escalado al 29%, afectando aproximadamente a 10 millones de peruanos, con especial impacto en las regiones más vulnerables como Cajamarca y Puno, donde los niveles de pobreza son especialmente alarmantes y generan una profunda preocupación social y económica.
La inseguridad ciudadana ha escalado bajo su administración, con un aumento notable en los índices de criminalidad, extorsión y homicidios, sin que se observen medidas efectivas para abordar estos problemas. En 2024, Perú experimentó un incremento significativo en la violencia, registrando más de 1,600 homicidios, la cifra más alta desde 2017.
La falta de una respuesta eficaz por parte de las autoridades frente a esta crisis de seguridad ha desencadenado protestas y paros por parte de los transportistas en varias regiones. Estos gremios exigen medidas contundentes para enfrentar la extorsión y el sicariato, fenómenos que han escalado alarmantemente y amenazan su seguridad y medios de subsistencia.
La moción también destaca actos de censura y restricciones a la libertad de expresión, incluyendo el despido de artistas críticos y un trato hostil hacia la prensa durante una rara aparición pública, lo cual ha sido interpretado como un intento de silenciar las críticas. Según lo señalado por Paredes, tanto el Gobierno como el Congreso han impulsado normativas que benefician a sectores económicos vinculados a actividades ilícitas y que, además, debilitan la lucha contra el crimen organizado.
En particular, la moción subraya una propuesta de reforma del sistema judicial que incrementa el control del Ejecutivo sobre esta instancia, lo cual compromete la independencia del poder judicial y favorece la concentración de poder en manos del Gobierno.
La congresista ha señalado casos de censura y restricciones a la libertad de expresión, mencionando como ejemplo el despido del artista César Aguilar y la cancelación de eventos culturales de artistas críticos al gobierno. Además, destacan la prolongada falta de comunicación de la presidenta Boluarte con los medios de prensa, con más de 100 días sin brindar declaraciones.
En una reciente conferencia de prensa, la mandataria se negó a responder varias preguntas, lo cual, según los legisladores, evidencia una falta de transparencia y una actitud cuestionable hacia los medios de comunicación.