Congreso: presentan iniciativa legislativa para anular ley sobre crimen organizado

El parlamentario de Juntos por el Perú Roberto Sánchez Palomino presentó una iniciativa legislativa para derogar la Ley 32108, popularmente conocida como Ley contra el crimen organizado. "He presentado el PL 9953 que buscar derogar la Ley 32108, que limita la lucha contra el crimen organizado. Propongo endurecer penas y reforzar la seguridad ciudadana. ¡Es tiempo de actuar con firmeza!", anunció el legislador en sus redes oficiales.

Anteriormente, una propuesta similar vino a título de Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, sin embargo, la Junta de Portavoces del 30 de septiembre rechazó que la iniciativa sea debatida en el Pleno.

Solo tres bancadas apoyaron la iniciativa de Luque para agilizar el debate de su propuesta. Estos fueron: Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo y la Bancada Socialista. Las demás rechazaron el pedido.

Todos los demás se mostraron en contra y establecieron que la iniciativa legislativa siga su curso regular. Seguidamente, presentamos a los responsables:

A raíz de esto, la propuesta del Bloque Democrático Popular primero deberá ser deliberada en la Comisión de Justicia del Congreso. Una vez ahí, dependerá del presidente de esta comisión, Isaac Mita, de Perú Libre, ponerla en agenda y elaborar el dictamen.

Esto a pesar de que los allanamientos realizados a las viviendas de los involucrados en la investigación contra Chibolín demostraron que esta norma impedía la celeridad en la actuación del Ministerio Público, pues el organismo demoró más de medio día en ingresar al departamento de Andrés Hurtado debido a la ausencia de su defensa.

Así lo confirmó el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, a la prensa: "Voy a proponer que discutamos el tema de la modificatoria o derogatoria de la ley 32108, hay que corregir básicamente el tema de los allanamientos que ha generado problemas, el tema del abogado defensor. Hay que recordar que, el allanamiento siempre se ha utilizado como una herramienta de manera sorpresiva con la finalidad de acopiar pruebas contra los delincuentes y aquí tiene que primar el interés colectivo".