El Colegio de Abogados de Lima (CAL) emitió, este martes 12 de junio a través de las redes sociales, un comunicado en el cual mostró la posición de los integrantes de dicha organización frente a la decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, que decidió aprobar un dictamen que podría poner en peligro la autonomía de las 995 Organizaciones no Gubernamentales constituidas en el país.
En ese sentido, el CAL mostró su rechazo ante la acción del mencionado grupo de trabajo congresal y consideraron que la iniciativa vulneraría la libertad de expresión y podría interpretarse como un acto de censura al no saber distinguir qué tipo de organismos se deben fiscalizar. Además, subrayaron que violaría el derecho a la libre asociación.
"El Colegio de Abogados de Lima rechaza el dictamen aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, que modifica la Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, con la finalidad de fortalecer el trabajo de dicha institución y la supervisión de la ejecución de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional no reembolsable", señalan.
Comunicado fue emitido el 12 de junio en las redes sociales. Foto: Colegio de Abogados de Lima.
En esa línea, el Colegio de Abogados de Lima sostuvo que ya existen mecanismos para que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) pasen por procesos de fiscalización respecto al origen de sus fondos, así como a los integrantes de dichos grupos y personas jurídicas. Además, enfatizaron que si una persona incumple con las normas establecidas, deberá ser reportada ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).
Asimismo, manifestaron que las ONG están en la obligación de reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y, en caso de haber cometido un delito civil o penal, serán sometidas a todos los procesos correspondientes en las instancias pertinentes.
"Ya existen mecanismos de supervisión de los fondos que administran las ONG. Si alguna de ellas se aprovecha indebidamente de algún beneficio tributario, le corresponde a la SUNAT fiscalizarlo, y las ONG son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la UIF. En caso de cometer algún delito civil o penal, serán sujetas a un debido proceso en un fuero correspondiente", sostienen.
Hace unos días, 16 embajadas se pronunciaron respecto a la decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de dar luz verde a la propuesta que afectaría la autonomía de las ONG. En una posición similar, el Colegio de Abogados de Lima concluyó con su pronunciamiento respaldando el comunicado emitido por las referidas instituciones y alertaron que existe un peligro en afectar la democracia en el país.
Aseguraron que si el dictamen es aprobado en el pleno del Congreso, se debilitaría la representatividad de la sociedad civil con sus participaciones de manera asociativa sin fines de lucro.
"Respaldamos el comunicado firmado por 16 embajadas en el Perú, que alerta sobre el peligro de afectar la democracia en el país, al debilitar la representatividad de la sociedad civil a través de su participación de forma asociativa sin fines de lucro", se lee.