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Política

Poder Judicial ratifica prisión preventiva para Alejandro Toledo y Eliane Karp por caso Ecoteva

El Ministerio Público sostiene que Toledo y Karp crearon empresas para realizar el delito de lavado de activos.

larepublica.pe
Alejandro Toledo se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el penal Barbadillo. Foto: difusión.

El Poder Judicial ratificó la decisión de mantener al expresidente Alejandro Toledo y a su esposa, Eliane Karp, bajo prisión preventiva por 18 meses, tal como lo solicitó el Ministerio Público. Esta medida se enmarca en las investigaciones que se siguen al exmandatario y a la exprimera dama por el caso Ecoteva.

En ese sentido, el Ministerio Público investiga a Toledo Manrique y a Karp Fernenbug desde el año 2013, debido a la compra de un inmueble ubicado en el distrito de Surco. Además, de la adquisición de una oficina en la Torre Omega y otra casa en Punta Sal, en la región de Tumbes.

Asimismo, la Fiscalía sostiene que la expareja presidencial pagó la hipoteca de su vivienda ubicada en el distrito de La Molina con los fondos de la compañía offshore Ecoteva Consulting Group S.A., la cual se encuentra situada en Costa Rica.

Empresas de los acusados se crearon para lavar dinero, asegura Fiscalía

Según la tesis que maneja el Ministerio Público, el exjefe de Estado y Eliane Karp crearon empresas para facilitar el presunto delito de lavado de dinero, de manera que las autoridades competentes no tuvieran sospechas. Además, posiblemente hubo un acuerdo entre los acusados para llevar a cabo este acto punible, vinculado a los actos de corrupción durante la gestión de Alejandro Toledo de 2001 a 2006.

Se presume que el pago de los inmuebles y el pago de hipotecas están vinculados con los presuntos sobornos que habría recibido el expresidente Toledo Manrique de las empresas brasileñas a cambio de la concesión y construcción de la vía interoceánica en los tramos dos, tres y cuatro durante la gestión del exlíder del partido político Perú Posible.

Es importante recordar que el exjefe de Estado actualmente cumple prisión preventiva en el penal de Barbadilla tras ser extraditado de los Estados Unidos por el caso Odebrecht. No obstante, existe otra orden de prisión provisional de 18 meses por las investigaciones de Ecoteva.

En una situación similar se encuentra Eliane Karp, quien salió del territorio nacional en 2017 y ha permanecido en suelo estadounidense hasta 2023. Sin embargo, se ha sabido que la exprimera dama se trasladó a Israel antes de que se suspendiera el juicio oral del caso Ecoteva debido a la extradición del exmandatario.

Toledo espera respuesta del INPE para atenderse en clínica

En un reciente fallo, el Tribunal Constitucional ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que se pronuncie en un plazo de cinco días sobre la solicitud del expresidente Alejandro Toledo para que sea tratado en una clínica privada. Esta decisión surge tras la admisión parcial de una demanda de hábeas corpus presentada por el exmandatario, quien alegó la vulneración de sus derechos de acceso a la salud e integridad personal.

El expresidente, actualmente recluido en el penal Barbadillo, ha presentado diversas condiciones de salud, lo que llevó a sus abogados a solicitar tratamiento médico en la Clínica San Pablo, ubicada en Surco, Lima. Según la sentencia del TC, la administración penitenciaria había rechazado previamente las peticiones de Toledo sin fundamentos suficientes. La máxima institución interpretativa de la Carta Magna destacó que los establecimientos públicos de salud, en casos de urgencia, no siempre ofrecen servicios con la eficacia y rapidez de algunos establecimientos privados.

Además, el fallo del TC invalida notificaciones anteriores que obligaban a Toledo a recibir atención médica en EsSalud, ajustándose a su seguro de salud vigente. La defensa del expresidente argumentó que ciertos exámenes y tratamientos no estaban disponibles a través de EsSalud, según diagnósticos de médicos legistas y privados.

Aunque el Tribunal Constitucional no concedió el traslado inmediato de Toledo a la Clínica San Pablo, indicó que la decisión recae en el Instituto Nacional Penitenciario, que debe evaluar y resolver la situación particular del expresidente tras un análisis exhaustivo.