SJL: excandidato fujimorista usurpó casas de al menos 21 familias en Canto Grande, revela H13
El empresario sería el líder de una organización criminal que, con el respaldo de jueces, despojó a decenas de personas de sus propiedades. La Fiscalía advierte que sus operaciones se habrían extendido hasta Cañete, Loreto y Trujillo.
La Fiscalía de Crimen Organizado capturó, durante la madrugada del pasado 12 de abril, a Sandro Herrera Granda, de 54 años de edad, quien sería el cabecilla de una organización criminal que usurpó las viviendas de al menos 21 familias de la urbanización Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El detenido es recordado por postular, en dos ocasiones, al Congreso de la República por Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori. Además, fue asesor de la fujimorista Luz Salgado.
Herrera Granda tiene investigaciones abiertas por lavado de activos y pago de coimas a uno de los cabecillas de Los Cuellos Blancos. En su historial, también se encuentran denuncias por estafa, falsificación de documentos y usurpación. Las autoridades advierten que sus operaciones se habrían extendido hasta el Callao, Cañete, Loreto y Trujillo.
¿Cómo operaba Sandro Herrera en SJL?
Entre 1960 y 1990, la empresa inmobiliaria Canto Grande SRL vendió decenas de lotes de un terreno de 36 hectáreas de extensión en San Juan de Lurigancho. La firma entregó a los compradores contratos que los reconocían como legítimos propietarios de estos lotes y se comprometió a segregar los predios para su inscripción en Registros Públicos, trámite que nunca se realizó. En tanto, las personas construían sus casas y proyectos de vida en esta zona.
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Sin embargo, entre 2016 y 2018, HS Consultores, dirigida por Sandro Herrera Granda, compró las acciones de Canto Grande SRL, mientras que todos los lotes seguían registrados únicamente a nombre de esta empresa. Ante esta situación, el excandidato fujimorista inició el proceso de inscripción de los lotes en Registros Públicos bajo el nombre de Canto Grande SRL y no de los compradores.
La Fiscalía sospecha que el excandidato estaba consciente de la vulnerabilidad de los propietarios. Para evitar desalojos, muchas familias decidieron llevar sus casos a los tribunales, mientras que otros, al no poder sostener un proceso judicial, optaron por negociar con los nuevos dueños.
Jueces estarían coludidos con Sandro Herrera
Desalojar a los residentes de sus hogares no representó un gran desafío para Sandro Herrera, quien mantenía influencias notables dentro del Poder Judicial. Sus vínculos con figuras como el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, salieron a la luz durante el escándalo de Los Cuellos Blancos, lo que reveló su capacidad para manipular procesos judiciales a su favor. Siguiendo un esquema parecido al empleado por Rodolfo Orellana, Herrera creaba controversias legales sobre los predios en San Juan de Lurigancho, las llevaba a los tribunales y obtenía fallos a su favor, lo que le permitía luego vender repetidamente las propiedades y dejar a los verdaderos dueños sin posibilidad de reclamarlas.
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Un caso ilustrativo fue el de la familia Vicuña Flores, quienes fueron desalojados fraudulentamente en 2017 después de que un juez, sin realizar verificaciones, favoreció a la inmobiliaria Canto Grande SRL. Una situación similar atravesó la familia Sabrera Aguirre, que fue desplazada bajo acusaciones falsas de invasión, las cuales resultaron en múltiples ventas del inmueble que acabaron en manos de un tercero. Estos incidentes son parte de una serie de acciones que están bajo escrutinio, que incluye al juez Javier Jiménez Vivas, aún en funciones, quien presuntamente emitió fallos que favorecían desalojos injustos. Las víctimas, ahora con letreros en sus propiedades, donde declaran no disponibles para la venta o en litigio, aguardan justicia contra Herrera, señala Hildebrandt en sus trece.
