La mandataria Dina Boluarte ayer evitó acudir al Congreso para responder por los relojes de marca Rolex y las joyas de su propiedad, además de las sospechas sobre el incremento de su patrimonio y las transferencias bancarias de fuente desconocida.
Sí se presentó, en cambio, el fiscal de la Nación, Carlos Villena, quien ofreció alcances sobre las acciones adoptadas por su despacho. Tal vez esta presentación fue lo único relevante de la sesión de ayer de la Comisión de Fiscalización, que preside de manera deficiente el legislador de Perú Libre Segundo Montalvo.
El fiscal Carlos Villena informó haber ampliado la investigación a Dina Boluarte, ya no solo por los relojes Rolex, sino también por el incremento de su patrimonio en más 432.000 soles, según una disposición emitida el 1 de abril.
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“Se amplía el marco fáctico de la imputación en contra de la señora presidenta, ya no solo por tres relojes Rolex, sino además se comprende dentro de la imputación las observaciones que se tienen respecto a que en sus declaraciones juradas aparece un incremento de más de 432.000 soles, que habría sido un incremento en el plazo de dos años”, precisó.
Esta ampliación comprende también los depósitos cuantiosos de fuente desconocida reportados por la Unidad de Inteligencia Financiera en las cuentas bancarias de la mandataria.
“La imputación del marco fáctico también se ha ampliado a los depósitos de origen desconocido de un millón cien mil dólares a sus cuentas bancarias”, detalló el fiscal, aunque en este caso la investigación será solo respecto del periodo en que Boluarte fue ministra.
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Asimismo, se amplió la imputación por la posesión de una pulsera de 56.000 dólares y otras joyas que habría usado Boluarte y que superarían los 500.000 dólares, según reportes periodísticos que acogió el Ministerio Público.
El fiscal de la nación, Carlos Villena, fue la única autoridad nacional que se presentó ayer ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Foto: difusión
Distinta a la actitud del fiscal Carlos Villena, no acudió al Congreso el jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Gerardo López Gonzales. Tampoco lo hizo el ciudadano Héctor Banchero, gerente de la Casa Banchero S.A., que representa a la marca Rolex en Perú.
En cuanto a la actitud evasiva de la mandataria Dina Boluarte, hubo una reunión programada en Palacio para la misma hora de las tres de la tarde, con alcaldes provinciales y distritales.
Pero además de esta reunión, Boluarte dio a entender que no acudirá al Congreso. Esto se desprende de la carta enviada por el secretario general de Palacio, Enrique Vílchez, a la Comisión de Fiscalización. En el documento se hace mención a los alcances de la inmunidad de la mandataria y solo mencionan que acudirá a declarar al Ministerio Público.
De hecho, ayer quedó confirmada la fecha del 5 de abril para la diligencia en la cual la Fiscalía tomará las declaraciones de Boluarte.
En varios momentos, la sesión de la Comisión de Fiscalización estuvo salpicada por intervenciones de congresistas que perseguían otros intereses, como descubrir las filtraciones de información del Ministerio Público.
Congresistas como Darwin Espinoza, Héctor Valer o Alex Paredes ocasionaron la pérdida de tiempo, al cuestionar al fiscal de la Nación por el hecho de que información sobre las diligencias es difundida por el periodismo.
El legislador Valer deslizó que la filtración genera un impacto negativo en el honor de las personas. No faltó una pregunta más directa sobre si el coronel PNP Harvey Colchado administra en forma directa o indirecta información sobre los procesos de investigación a altos funcionarios.
En otro momento, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Segundo Montalvo, lanzó una serie de preguntas impertinentes y ajenas al conocimiento mínimo de las garantías de un proceso de investigación.
Este legislador le pidió al fiscal de la Nación, Carlos Villena, adelantar opinión sobre si los hechos reportados contra Dina Boluarte eran ya indicio de la posible comisión de delito.
Deficiencias. Montalvo (PL) evidenció poca capacidad para dirigir comisión. Foto: difusión
“Para que diga si en la actualidad existen suficientes elementos de convicción que hacen presumir la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, omisión de declarar (…) y otros ilícitos penales presuntamente que habría cometido la señora Dina Boluarte”, preguntó Segundo Montalvo, papel en mano.
El fiscal Villena le respondió tajantemente: “La investigación debe concluir (…). No es oportuno pronunciarse al respecto”.
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Un sector de la Comisión de Fiscalización evidenció especial interés en solicitar facultades para asumir una investigación contra Dina Boluarte, en forma paralela con el Ministerio Público.
El grupo de trabajo aprobó la propuesta, pero sobre la marcha el bloque del fujimorismo y sus aliados se conectaron en forma virtual para revertir este acuerdo.
Tal fue el desorden que algunos no sabían lo que votaban, como Rosío Torres, de Alianza para el Progreso. Esta bancada claramente jugó ayer en contra de otorgar facultades de investigación a la Comisión de Fiscalización a cargo de Perú Libre.
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No es poca cosa decidir quién asume una investigación contra Boluarte. Si lo hace el grupo de Fiscalización, el caso puede ser manejado por Perú Libre y el prófugo Vladimir Cerrón. Otra ruta es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a cargo de Lady Camones (APP). En ambos casos, el proceso puede servir para blindar o acusar, de acuerdo a los intereses coyunturales de los grupos políticos de turno.