Jueza Inés Tello y las sentencias a la red Fujimori-Montesinos

Como jueza, Luz Inés Tello Valcárcel de Ñecco debió llegar a la más alta instancia judicial del país, la Corte Suprema de Justicia del Perú. Con una vida consagrada a administrar justicia, hizo todos los méritos académicos y profesionales para lograrlo.

Eso no fue suficiente. En el Perú, el afán de justicia y servicio a la comunidad suele ser ingrato. Luego de dejar el Poder Judicial, Inés Tello buscó dar un último aporte al país y al sistema judicial desde la Junta Nacional de Justicia. Marcar un nuevo camino luego del escándalo de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Allí, el fujimorismo encontró la oportunidad de revancha, de saldar cuentas con los justos y decidió inhabilitarla por trabajar más allá de los 75 años y mantener las manos y el espíritu limpio. Eso nunca se lo van a perdonar.

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La jueza

Luz Inés Tello estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En 1974 inició sus labores en el Poder Judicial como jueza de paz no letrada en la provincia de Barranca, lo que le permitió dos años después, en 1976, llegar a jueza de paz letrada de Lima.

En 1986 es nombrada jueza especializada en lo civil. En 1992, sobrevive a la purga de magistrados que realiza el fujimorismo tras el golpe de Estado y, dos años después, es convocada como jueza superior provisional de Lima para ver juicios con procesados en cárcel, hasta que en 1998 el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura la nombra jueza superior titular de Lima.

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Al regresar la democracia al país, el 2001, el entonces presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Sergio Salas Villalobos, la convocó, junto con las juezas superiores Inés Villa Bonilla e Hilda Piedra Rojas, a formar la Primera Sala Superior Penal Especial especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima.

Un sistema penal especial, conformado por seis jueces de investigación y una Sala Penal Especial que se encargó de realizar los juicios públicos.

La situación fue complicada. La ciudadanía no creía en un sistema judicial que en los años anteriores había estado al servicio de la dictadura. Por otro lado, el poder económico y legal de la red de corrupción Fujimori-Montesinos permaneció intacta  y estaba dispuesta y tenía los medios para dar peleas.

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Los juicios

Por eso, en jornadas de trabajo de seis días a la semana, de 7:00 a.m. hasta la madrugada del día siguiente, Inés Villa Bonilla, Inés Tello e Hilda Piedra organizaron los primeros juicios a Vladimiro Montesinos y sus colaboradores.

El 30 de junio del 2002, cinco meses antes de que se cumplieran los dos años de la caída del régimen, la Sala Penal Especial dictó sentencia condenatoria contra Vladimiro Montesinos, a nueve años y cuatro meses de prisión, por usurpación de las funciones de jefe del Servicio de Inteligencia Nacional.

Le siguieron las condenas al exsenador, exconstituyente, excongresista y exalcalde de Miraflores Luis Bedoya de Vivanco, hijo del fundador del Partido Popular Cristiano Luis Bedoya Reyes y al exministro Tomás Gonzales por peculado y el juicio por los pagos y favores judiciales al empresario de TV Genaro Delgado Parker por tráfico de influencias.

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Años después vino la sentencia por los pagos con dinero de las Fuerzas Armadas a los llamados diarios chicha para atacar con portadas denigrantes y calumniosas a políticos de oposición y periodistas independientes: Vladimiro Montesinos, el almirante Antonio Ibárcena, Giancarlo Bresani, Saúl Mankevich, Daniel Borobio, Esteban Winitzki y Marcelo Gullo, entre otros.

Los juicios a los mandos militares, jefes e integrantes del destacamento de operaciones especiales grupo Colina por la matanza de Barrios Altos, el asesinato del periodista Pedro Yauri y los desaparecidos del Santa: Vladimiro Montesinos, Julio Salazar Monroe, Nicolás Hermoza Ríos, Juan Rivero Lazo, Santiago Martín Rivas, Carlos Pichilingue, Jesús Sosa Saavedra, Wilmer Yarlequé, Rogelio Carbajal, entre otros.

El proceso por el tráfico de 10.000 fusiles AKM desde Jordania para la guerrilla colombiana de las FARC que realizó Vladimiro Montesinos en 1999.

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Históricas sentencias que confirman el nivel de corrupción y descomposición del régimen fujimorista. Eso es lo que los políticos temen y por lo que decidieron inhabilitarla.

El factor Cuellos Blancos del Puerto

La inhabilitación de Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez no solo afecta el proceso disciplinario a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por sus coordinaciones con fuerzas políticas, sino también a la revisión de las últimas decisiones del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La Junta Nacional de Justicia venía revisando 300 procesos de nombramiento y ratificación de jueces y fiscales realizados por el último colegiado del CNM donde se había denunciado calificaciones de favor. Esos casos podían caer en prescripción y ya no podrían ser anulados en el futuro.