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Política

Congreso: audios, chats y testigos implican a parlamentarios

Indicios. Fiscal suprema precisó los hechos ilícitos y los delitos por los que investiga a Patricia Benavides. Además, amplió a indagación a 14 congresistas, dos exfiscales supremos adjuntos, el jefe de la Autoridad de Control del MP más Vladimir Cerrón.

Alejandro Soto Reyes
Bajo Sospecha. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, y otros 13 parlamentarios son sospechosos de negociar ilícitamente con la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Foto: difusión

La investigación avanza. La fiscal suprema Delia Espinoza precisó y amplió los presuntos hechos ilícitos y delitos por los que, desde el 15 de diciembre del 2023, investiga a la suspendida fiscal suprema y fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.

Bajo esta premisa, incluyó en la investigación a 14 congresistas, cuatro exfiscales supremos adjuntos, el jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí, y al líder principal de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas.

La precisión y ampliación de la investigación se sustenta en la declaración del testigo Jaime Villanueva, audios y chats de sus conversación en Whatsapp, actas y resoluciones fiscales, votaciones en el Congreso y declaraciones de las presuntas víctimas.

Los congresistas investigados a partir de hoy son Martha Moyano, César Revilla, Patricia Chirinos, José Williams, Edgar Tello, Germán Tacuri, Jorge Flores, Luis Aragón, Luis Cordero, Alejandro Soto, José María Balcázar, Katy Ugarte, Illich López y José Jerí.

A los congresistas, los exfiscales supremos adjuntos Marco Huamán y Elmer Ríos y también a Benavides se les investiga por organización criminal y múltiples delitos de cohecho, patrocinio ilegal, negociación incompatible con el cargo, tráfico de influencias.

Suprema. Fiscal Delia Espinoza puntualiza la investigación. Foto: difusión

Antecedentes

Espinoza precisó y amplió los cargos contra Benavides, en momentos en que los abogados de la suspendida fiscal de la Nación sustentaron un recurso de tutela de derechos ante el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley.

La defensa de Benavides busca anular toda la investigación que viene realizando Espinoza con el pretexto de que la investigación debe estar a cargo del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Sin embargo, como ha sucedió en casos anteriores, Villena se inhibió de intervenir y delegó la investigación a Espinoza.

Juan Carlos Villena consideró que adelantó opinión en contra de Benavides, al pedirle su renuncia, en una Junta de Fiscales Supremos. Lo mismo sucedió con el fiscal supremo Pablo Sánchez. Es probable que si el recurso llega a prosperar, luego la defensa de Benavides cuestione la imparcialidad de Villena para investigarla por su opinión en la Junta.

Además, la defensa de la suspendida fiscal de la Nación también propone que se deje de lado o no se utilicen las ingaciones previas realizadas por el fiscal provincial Fredy Niño Torres, del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) que lidera la fiscal superior Marita Barreto y el coronel PNP Haervy Colchado. Dicen los abogados que un fiscal provincial no tiene potestad para investigar a una fiscal de la Nación.

En respuesta, en esa audiencia, Delia Espinoza informó al Poder Judicial que la Fiscalía Suprema considera a Jaime Villanueva Barreto solo como testigo y no como aspirante a colaborador eficaz.

Además, señaló que hasta la fecha el EFICCOP no ha entregado a la Fiscalía Suprema la información que habría dado el congresista conocido como ‘agente especial Roberto’. Este agente especial habría entregado audios y capturas de pantallas de los mensajes de WhatsApp de Jaime Villanueva con diversos congresistas.

Espinoza pidió al fiscal Niño Torres que le remita dicha información, tomando las precauciones necesarias para no revelar su indentidad. De acuerdo con la legislación, el “agente especial” es un ciudadano captado por la policía o fiscalía debido al rol, conocimiento o participación en actividades delictivas, con el fin de establecer contacto o insertarse en una organización criminal para proporcionar información o las evidencias incriminatorias necesarias para sancionar un acto ilícito.

El Equipo Especial habría rechazado el pedido de la fiscalía suprema. Por lo cual, dijo Espinoza, han recurrido a un juez para que ordene al EFICOOP que les entregue la información del ‘agente especial Roberto’. Si el juez rechaza el pedido esa información no ingresará al expediente Benavides.

La fiscal suprema también precisó que las declaraciones de Villanueva como aspirante a colaborador eficaz son para la Fiscalía Suprema solo noticia de eventos criminales que se deben verificar y corroborar.

Negocios ilícitos

Los hechos por los que se investiga a Benavides, cuatro exfiscales supremos adjuntos, los 14 congresistas, de acuerdo con fuentes fiscales, están referidos a los presuntos acuerdos ilegales para la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos.

Además, por el nombramiento del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, la remoción de la fiscal Bertsabeth Revilla, el proceso para destituir al pleno de la Junta Nacional de Justicia y la suspensión del fiscal superior y coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba.

Igualmente, presuntos actos de encubrimiento en el desarrollo de la operación Valkiria y perturbación del equipo especial Cuellos Blancos para encubrir las llamadas de Patricia Benavides y su hermana Emma con Antonio Camayo y otros investigados.

Se supone que esos actos se dieron como parte de una serie de acuerdo ilícitos entre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y diversos congresistas. Según Jaime Villanueva, Benavides buscó favorecer a diversos congresistas en investigaciones en trámite. En tanto, los congresistas apoyaron los intereses de Benavides en el Congreso para neutralizar a la Junta Nacional de Justicia.

Fernández Jerí y el fiscal adjunto Carlos Muñoz León responderán por el proceso disciplinario a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez.

Mientras, el líder de Perú Libre, el prófugo Vladimir Cerrón Rojas, deberá responder por un acuerdo para que su bancada en el parlamento apoye la inhabilitación de Zoraida Ávalos.

La fiscalía ha encontrado evidencias que confirmarian el relato de Jaime Villanueva sobre los acuerdos de Benavides y congresistas de diversas bancadas, pero esta es una investigación en desarrollo que aun está lejos de tener certezas para pasar a un juicio y la condena. Las sospechas son evidentes, la investigación determinará si hay delito y quiénes son los responsables.

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