Juan Jiménez Mayor: “En el indulto a Fujimori, el Estado peruano asumió una decisión absurda y antijurídica”
El exembajador peruano en Costa Rica explica por qué renunció a su cargo luego de la excarcelación de Alberto Fujimori, advierte sobre repercusiones internacionales por una posible denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos y hace énfasis en atender los problemas del país.
Por primera vez, el exembajador peruano en Costa Rica Juan Jiménez Mayor explica con detalle los motivos de su renuncia al cargo luego de haberse producido la excarcelación de Alberto Fujimori. Es una medida que nos coloca en una “posición delicada”, advierte.
-Su salida de la embajada en Costa Rica coincidió con la excarcelación a Alberto Fujimori. Se especuló que fue en protesta a la decisión del Estado. ¿Por qué renunció?
-Porque en el caso Fujimori, el Estado peruano asumió una decisión absurda y antijurídica desde el punto de vista del derecho internacional que nos ha colocado en una posición muy delicada ante el sistema y el derecho internacional. No se trata de un asunto personal.
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-¿De antipatías políticas?
-Es un asunto de formas jurídicas que hay que cumplir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 2018, estableció una serie de estándares y parámetros para los indultos humanitarios y, desde entonces a la fecha, las instituciones del Estado peruano responsables no han hecho siquiera un odontograma al beneficiario de este indulto, no hay un dictamen médico. Además, el Tribunal Constitucional ha justificado su decisión con una falacia jurídica. Ha dicho que la Corte IDH no tiene capacidad ni potestad para supervisar el cumplimiento de sus fallos. Panamá dijo exactamente lo mismo el 2003. En ese caso, la Corte estableció sus mecanismos de supervisión y el sustento jurídico de por qué tenían la facultad de monitorear sus fallos. Muchas veces, los fallos de la Corte o no se cumplen o se cumplen de manera parcial. En el caso peruano, si no me equivoco, solo tenemos tres o cuatro fallos cumplidos en un 100%.
-¿Le hizo conocer su posición al premier Otárola y al canciller González-Olaechea?
-Comuniqué mi renuncia por estos temas al primer ministro y al canciller. Aceptaron la renuncia sin mayores comentarios. El canciller me pidió unos días para la renuncia, cosa que tuve la cortesía de hacer.
-Le pregunto porque, entiendo, hubo una discrepancia con la Cancillería sobre los términos de su salida.
-En la resolución con la que dejo de ser embajador se omitió que yo había renunciado. No fue elegante lo que hizo el canciller, no fue muy diplomático.
-¿Cómo recuerda su salida?
-Para mí fue impactante. Construí una muy buena relación con los magistrados y con el staff de la Corte...
-Y terminó como representante de un Estado que desacató a esa misma Corte.
-Quedé absolutamente descolocado y avergonzado por lo que pasó. Mi último acto —aunque no sé si les gustó a todos— fue pedirle a la Corte que cambie la bandera peruana en la sala de audiencias porque ya estaba bastante viejita. Entregué una bandera nueva como símbolo de lo que los peruanos sí creemos en el sistema de derechos humanos, con todos sus desafíos porque no es perfecto.
-Hay una corriente política favorable a que el Perú denuncie la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Le preocupa que se concrete?
-Al denunciar la Convención, nos quedaríamos sin un instrumento determinante para la protección y promoción de los derechos humanos en el Perú. Eso sin mencionar las situaciones que enfrentaríamos en el ámbito comercial y de inversiones. Por supuesto, olvidémonos de la OCDE. ¿Es un escenario crítico? Sí. Hay cinco proyectos de ley en el Congreso para denunciar a la Convención. Un evento disruptivo que genere un efecto que conmueva a la opinión pública podría generar que se tome una decisión.
-Aunque solo el Poder Ejecutivo es el que tiene competencia sobre los tratados.
-Ciertamente, son proyectos inconstitucionales. El común denominador de estos proyectos —que firman la extrema izquierda y la extrema derecha— es restituir la pena de muerte para solucionar el tema de la inseguridad. Eso es absolutamente demagógico. Pero este es el tipo de política que se hace hoy en el Perú: sin sentido, sin reflexión, sin información. El sistema interamericano de derechos humanos no defiende terroristas, como dicen algunos.
-Lo repite, precisamente, un sector del Congreso.
-Y un sector de la prensa también. Yo conversaba con jueces de la Corte al momento de despedirme de la necesidad de que la gente conozca la jurisprudencia. Los derechos humanos evolucionan y mejoran en el tiempo. Miremos el tema de los seguros médicos. Hoy tienes uno, pero no sabes si más adelante la compañía te quitará alguna prestación o te subirá las primas. Ya hay una sentencia en la Corte que ha cuestionado el abuso de las aseguradoras privadas que eliminan paulatinamente el derecho a la salud de las personas. Se podría hacer control de convencionalidad en los Poderes Judiciales nacionales. Dígame si no es útil.
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-¿Por qué cree que se insiste tanto con la idea de que la Corte defiende a terroristas?
-Es que eso no es cierto. En el Perú tenemos cuatro o cinco fallos relacionados con personas involucradas en acciones de los noventa. Pero hay varias otras sentencias que no tienen que ver con nada de eso. Hay un caso peculiar, el del señor Zegarra Marín, sometido a un proceso penal en el Perú y condenado, entre otros fundamentos, porque no demostró su inocencia. Es decir, el principio de presunción de inocencia se lo soplaron. La Corte aprovechó el caso para establecer los estándares en un proceso penal. ¿Eso tiene que ver con terrorismo? No. Tiene que ver con nuestras garantías judiciales.
La corte. El exembajador en Costa Rica es enfático: El sistema interamericano de derechos humanos no defiende a terroristas. Foto: difusión
-¿Cuál considera que es la posición del Gobierno sobre la Convención?
-Mis diálogos con el premier fueron dos sobre esos temas. En ambos, la actitud era la de respetar el sistema interamericano. Por eso fui a Costa Rica.
-¿Y en el caso del canciller?
-Con él he hablado dos veces. La segunda, cuando renuncié. Lo he escuchado en entrevistas decir que en el caso del señor Fujimori se está respetando el derecho internacional, y entonces hay como una contradicción ahí, ¿no? Prefiero que él aclare su posición.
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-¿No le queda clara?
-Es que no puedes decir que en el caso Fujimori se ha respetado el derecho internacional cuando no se ha respetado. Y creo que hace falta que los peruanos entiendan que los derechos humanos no se relacionan solo con asuntos litigiosos en la Corte. Son parte de la globalización. En los tratados de libre comercio hay cláusulas de salvaguarda en temas de protección y promoción de derechos humanos. Si el Perú tiene la pretensión de retirarse del sistema de derechos humanos, deberá pensar qué va a suceder con los tratados de libre comercio que tenemos suscritos. Es más, en el momento de retirarnos del sistema, mejor nos olvidamos también de ingresar a la OCDE, que tiene directrices específicas en el tema.
-¿Qué es lo que puede ocurrir ahora que el Perú entró en desacato?
-Lo que va a ocurrir es que en el informe que se va a remitir a la Asamblea General de la OEA para junio se va a incluir al Perú en el mismo acápite de desacatos en el que está Nicaragua. Vamos a estar en esa foto, por primera vez. El Perú no es comparable con Nicaragua. O no deberíamos compararnos con Nicaragua. Pero estamos en esa situación por una decisión que no tiene justificación jurídica. Yo no hablo de política.
-Hay molestias en el Ejecutivo por el informe de la Comisión Interamericana en el caso de los asesinatos durante las protestas contra el Gobierno. El propio canciller las ha expresado. ¿Qué dimensión hay que darle a lo dicho por la CIDH?
-La Comisión ha emitido, en su historia, en los últimos 30 años, tres informes sobre el Perú: en 1993 después del autogolpe, el 2001 después de la reelección de Fujimori y la instauración del gobierno de transición…
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-Y ahora este informe.
-Y ahora este. Son tres hitos, situaciones bastante complejas. Esa es la dimensión. Y frente al informe no cabe ser antagónicos, sino tener la suficiente humildad para entender que estamos en un escenario donde se hicieron las cosas mal.
-¿Qué le parece su reemplazo en Costa Rica, el señor Carlos Hakansson?
-Leí en los medios que iba a ser Gonzales Posada, y creo que eso hubiera sido muy malo para el Perú. Hakansson me parece un abogado con formación jurídica, una persona seria. La Corte está muy preocupada por el Perú y hubiese estado muchísimo más preocupada con un embajador inapropiado. Hakkanson, en medio de este panorama, puede sumar. Ojalá que haga un buen trabajo. La Corte espera que los países tengan posiciones sensatas. Y la Corte es sensata.
-¿Por qué somos un país tan denunciado?
-Cuando hacemos las cosas mal y no hay restitución de derechos en el sistema interno, tenemos estas consecuencias. Somos un país muy denunciado ante el sistema porque no tenemos un Poder Judicial adecuado para protegernos. Ese es el problema. Con un Poder Judicial que reponga derechos, otro sería el cantar. Los jueces de la Corte son juristas y no vienen de las ONG. Por ejemplo, la jueza chilena (Patricia Pérez Goldberg) fue ministra de Justicia durante el gobierno de Sebastián Piñera. Aparte, hay que recordar que los Estados pueden ganar casos. En los últimos siete meses, el Perú ganó dos. Y si la comisión se equivoca aceptando casos, los Estados, con una adecuada defensa, pueden lograr que no prosperen ni deriven en responsabilidades.
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“Aquí la dirección más bien viene desde la plaza Bolívar”
-Luego de su paso como embajador, periodo durante el que, es obvio, tuvo que evitar pronunciarse políticamente, ¿cómo ve la situación actual?
-Si se mira nuestro sistema político, que incluye el Congreso y los intentos de tomar el sistema de justicia y acaso el sistema electoral a través de la Junta Nacional de Justicia , uno cae en cuenta de que estamos en una posición muy difícil, en una anomia en la que estamos aceptando todo lo que está pasando. No hay respuestas desde la sociedad, no tenemos una posibilidad de contestar frente a todo esto. Esperaba que con lo de Fujimori la cosa iba a ser diferente, pero no generó mayor reacción y en la comunidad jurídica tampoco. Soy abogado y espero y aspiro a que la comunidad jurídica tenga posición sobre asuntos jurídicos, pero ni siquiera tuvimos un debate interno sobre el fundamento de una decisión que, repito, nos ha colocado en una posición bien difícil internacionalmente. ¿Qué pasa con los abogados y los colegios profesionales que no debaten estos temas? Estamos en una situación de degradación de la política en general. El que debería darle dirección a un país es su Gobierno.
-¿Y usted ve al Gobierno dando efectivamente esa dirección?
Esa es la clave. Aquí la dirección más bien viene desde la plaza Bolívar. Hace falta un mayor énfasis en atender los problemas del país y tratar de establecer cuál es la marca del Gobierno. ¿Cuál es? ¿La seguridad? ¿Políticas en favor de la mujer? ¿Más inversión? ¿Cuál es la obra emblemática que se dejará? Estamos administrando la crisis y no estamos promoviendo reformas ni escenarios que hagan que la gente no siga enojada e indignada, lo que se expresa en una desafección de la política. Y eso es algo bastante peligroso.
