José Luis Hauyón, abogado defensor de notorias figuras de la organización religiosa Sodalicio de Vida Cristiana, tuvo en la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a una implacable aliada incondicional. Especialmente en la persecución judicial a los periodistas Paola Ugaz, Pedro Salinas y Daniel Yovera, que están dedicados a exponer los crímenes del Sodalicio.
En la nueva fase del caso contra Patricia Benavides, conocida como Operación Valkiria VI, las autoridades conocieron que la fiscal de la Nación le requirió al excoordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos, Rafael Vela, que aceptara reunirse con José Luis Hauyón.
Hauyón se infiltró en el Ministerio Público no solo para desactivar los casos contra sus clientes investigados por organización criminal y lavado de activos, entre otros graves delitos. También para emprender acciones legales y campañas de desprestigio en agravio de los periodistas Ugaz, Salinas y Yovera, al acoger denuncias de miembros del Sodalicio sin ningún fundamento, con la única finalidad de silenciarlos.
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Sodálite. Jaime Baertl Gómez, excluido por la fiscalía. Foto: difusión
Ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Rafael Vela testificó que Villanueva le confió que Patricia Benavides estaba en deuda con José Luis Hauyón y el amigo y cliente de este, el exministro aprista Hernán Garrido Lecca. De acuerdo con la declaración de Villanueva, Benavides le dijo que Hauyón y Garrido Lecca la ayudaron a que fuera nombrada fiscal de la Nación.
Ese vínculo estrecho, íntimo, secreto entre Benavides y Hauyón, explica por qué la fiscal de la Nación, a principios de este año, llamó directamente al fiscal superior Rafael Vela para que recibiera a su amigo José Luis Hauyón. Cuando se produjo el encuentro entre Vela y Hauyón, el fiscal quedó sorprendido cuando el abogado del Sodalicio le pidió que no archivara el caso abierto contra la periodista Paola Ugaz.
En realidad, Hauyón le estaba pidiendo un favor a nombre del Sodalicio, que buscaba, mediante una imputación basada en hechos falsos, amedrentar a Ugaz para que dejara de investigar los crímenes de la organización religiosa fundada por Luis Figari Rodrigo, fundador del Sodalicio.
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“Los problemas empezaron cuando investigué el movimiento financiero del Sodalicio. Me llovieron las demandas. Tuve el triste título de ser la periodista con más demandas en el país. En un principio estuvo el arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, quien nos demandó a Pedro Salinas y a mí. Pero, cuando el equipo del papa Francisco lo regaña, Eguren desistió del juicio. Pero ahí no terminó todo”, relató Paola Ugaz.
“Desde ese momento, todas las caras visibles del Sodalicio se metieron en un closet y salió un elenco diferente, pero pagado por el Sodalicio. Formaron un ecosistema de la desinformación que comprendió a los diarios Expreso y La Razón, al canal Willax y al portal La Abeja, además de los periodistas Phillip Butters, Mariela Balbi, Ricardo Vásquez Kunze, Luciano Revoredo y Uri Ben Schmuel.Los ataques se ampliaron a Pedro Salinas y Daniel Yovera”, añadió Ugaz.
De acuerdo con el testimonio del fiscal Rafael Vela, José Luis Hauyón estaba muy interesado también en la investigación de las empresas “off shore” del Sodalicio, que fueron descubiertas como parte del caso Panama Papers. Era evidente que Hauyón, aprovechando su relación directa con Patricia Benavides, pretendía archivar los casos de sus patrocinados.
Testimonio clave. Fiscal superior Rafael Vela Barba. Foto: difusión
Paralelamente, Hauyón y abogados de su estudio, en coordinación con los medios y periodistas que le daban acogida, difamaban a los reporteros Ugaz, Salinas y Yovera. Como parte de su trabajo investigativo, los reporteros habían recibido información sobre el vínculo de Hauyón con la campaña de demolición.
Con la aparición de los testimonios de Jaime Villanueva y Rafael Vela, sus sospechas fueron confirmadas. José Luis Hauyón se había infiltrado al Ministerio Público para favorecer a sus clientes del Sodalicio.
“Hauyón es la pieza de rompecabezas que faltaba completar. Era evidente que había una conexión entre la campaña mediática contra nosotros tres y la rapidez con la que el Ministerio Público admitía a trámite demandas calumniosas que no tenían ningún sentido, que se te escurrían entre los dedos porque no había nada, no había pruebas. Simplemente eran dichos que habían sido publicados en Expreso, La Razón o La Abeja”, explicó Pedro Salinas.
“Estoy seguro que en querellas, abogados y demás gastos contra nosotros, han destinado más dinero que en reparar a las víctimas del Sodalicio. Eso lo puedo apostar”, indicó Salinas.
Después de que el periodista Daniel Yovera publicó en la cadena Al Jazeera un informe sobre la vinculación de algunas empresas inmobiliarias del Sodalicio con traficantes de terrenos, en agravio de comunidades de campesinos piuranos, el empresario Alberto Gómez de la Torre Pretell emprendió acciones legales contra el reportero con el auspicio del estudio de José Luis Hauyón. Al mismo estilo que en el caso de Paola Ugaz y Pedro Salinas, fiscales bajo las órdenes de Patricia Benavides, desataron una persecución contra Yovera. En ese momento, se desconocía que Benavides le estaba pagando favores a Auyón.
Además, por coincidencia, Daniel Yovera también fue objeto de campañas de difamación por medios y periodistas que hicieron lo mismo con Ugaz y Salinas, atribuyéndole hechos falsos. Todo estaba coordinado.
Reporteros de investigación. El Sodalicio de Vida Cristiana, por intermedio de su abogado José Luis Hauyón, usó a la Fiscalía para perseguir a Pedro Salinas, Paola Ugaz y Daniel Yovera. Foto: composiciónLR
“Siempre consideramos que había un brazo legal más grande, fuerte, que mantenía permanente el acoso. Lo mantenía vivo y resistía a ser derrotado. La forma como conseguía la defensa del Sodalicio, que es el estudio Hauyón, mantener vivo el caso, tanto para mí como para Paola Ugaz siempre nos pareció bastante extraño”, reflexionó Daniel Yovera.
La Operación Valkiria VI que ha destapado la infiltración de José Luis Hauyón, con el respaldo de su amiga la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, solo alcanza al Ministerio Público. Pero es muy probable que llegue hasta el Poder Judicial. Porque, como indica Daniel Yovera, las acciones de los fiscales contra los periodistas digitados por Patricia Benavides, eran recibidos alegremente por jueces que emitían resoluciones en agravio de los periodistas.
“¿Por qué dejar de dudar sobre lo que puede haber pasado en el Poder Judicial? Porque en el Poder Judicial el Sodalicio ha conseguido cosas extrañísimas, cosas absurdas como que se me siga procesando por el delito continuado de difamación. Y lo que le parece absurdo a connotados abogados, penalistas, juristas, ellos lo consiguieron muy fácilmente. Entonces, ¿por qué tengo que dejar de dudar yo sobre el proceder del estudio Hauyón? Yo tengo derecho a dudar y a hacerme preguntas sobre el proceder del estudio Hauyón. Siempre tuve mis dudas, pero ahora, esas dudas, por lo conocido por el caso Valkiria, se han reforzado mucho más”, anotó Daniel Yovera.
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El 2 de agosto de este año, La República publicó las declaraciones de un exmiembro del Sodalicio que trabajó como secretario del arzobispo de Piura, José Eguren Anselmi. El testigo, F. N. P., detalló que Eguren y otro miembro prominente del Sodalicio, el sacerdote Jaime Baertl Gómez, sostenían reuniones sobre los negocios de la organización religiosa.
Pero F. N. P. también escuchó sobre los problemas con comunidades campesinas que denunciaban que empresas relacionadas con el Sodalicio, habían invadido y vendido sus predios. El Sodalicio de Vida Cristiana envió una carta desmintiendo todo. La Operación Valkiria VI vuelve a poner al Sodalicio en el ojo de la tormenta.
El Sodalicio enfrenta una denuncia por asociación Ilícita para delinquir, secuestro y lesiones psicológicas graves. Fueron señalados Luis Figari Rodrigo, Oscar Tokumura Tokumura, Virgilio Levaggi Vega, Jeffery Daniels Valderrama, Daniel Murguía Ward, Ricardo Trenemann Young Samanez, Jaime Baertl Gómez, Eduardo Regal Villa, Erwin Scheuch Pool y José Ambrozic Velezmoro.
Pese a que el caso está desde 2016, la Fiscalía todavía no decide si abre o no proceso penal y se determine pasar a una investigación preparatoria.
Sin embargo, el fiscal Lester Quispe Peralta ha excluido a Jaime Baertl, Eduardo Regal, Erwin Scheuch y José Ambrozic.
De acuerdo con la abogada Raiza Arroyo, defensa de las víctimas, los cuatro sodálites fueron excluidos a pesar de que existían evidencias, y lo hizo y contradiciendo lo que previamente otros fiscales superiores habían dicho.
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En agosto de este año, la fiscal Manuela Villar abrió investigación por presunto lavado a los sodálites Luis Baertl Jourde, Juan Len Álvarez y Carlos Neuenschwander Sahurie.
José Luis Hauyón actuó como operador del Sodalicio en el Ministerio Público, presionando para que se emprendan acciones contra los reporteros de investigación.