
El Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) solicitaron sumarse como litisconsortes al proceso de amparo que interpuso el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo contra el Congreso de la República. Con dicha medida, el gremio exige que la elección del nuevo titular se desarrolle con transparencia y cuente con participación ciudadana.
“Es bueno saber que no estamos solos en la defensa de la autonomía de las instituciones y el Estado de derecho”, indicó el sindicato a través de un tuit.
En su escrito, el IDL y la CNDDHH sostienen que “pueden actuar legítimamente en representación de los derechos y bienes de los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran de por medio en una debida elección” del defensor o defensora del pueblo.
Ambas asociaciones cuestionan la presencia de María del Carmen Alva como presidenta “supernumeraria” de la comisión y la falta de participación ciudadana en el proceso. Dichos hechos fueron parcialmente subsanados al acordarse conformar un nuevo grupo de trabajo especial.
El renovado grupo de trabajo cuenta con nueve integrantes, tal como lo dispone la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. La nómina de miembros fue aprobada en la última sesión del Pleno y en esta no se encuentra la presidenta del Congreso.





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