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Defensor del Pueblo: ¿qué hace y por qué el Congreso demora en elegirlo?

En medio de cuestionamientos, una comisión liderada por María del Carmen Alva busca el reemplazo de Walter Gutiérrez, quien terminó su mandato el 30 de abril de 2022.

La Defensoría del Pueblo es presidida por Walter Gutiérrez. Foto: La República
La Defensoría del Pueblo es presidida por Walter Gutiérrez. Foto: La República

Walter Gutiérrez Camacho fue el último defensor del Pueblo elegido por el Congreso. El 30 de abril de 2022 terminó de manera oficial su mandato. A la fecha, Eliana Revollar Añaños, primera adjunta de la entidad, asume funciones como encargada hasta que el Parlamento designe a un nuevo titular.

La presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, junto con una comisión especial seleccionadora de los candidatos a defensor del pueblo, presentó un cronograma de trabajo y la relación de seis postulantes al cargo. Luego, el reciente martes 14 de junio, los miembros de este grupo se reunieron para elegir al titular de la Defensoría del Pueblo, pero tuvieron que retroceder en su acción por la intervención del Poder Judicial.

¿Qué hace el defensor del pueblo?

El defensor del pueblo tiene su origen hace 200 años en Suecia, donde emergió como una entidad parlamentaria encargada de velar por la buena administración pública en beneficio de la ciudadanía.

En el Perú, la Defensoría del Pueblo fue creada por la Constitución Política de 1993 como un organismo autónomo que defiende derechos fundamentales y supervisa el cumplimiento de deberes en la administración estatal y servicios públicos a nivel nacional.

Si alguna persona quiere ser elegida como defensora del pueblo, debe tener el voto favorable de dos terceras partes del Congreso de la República. En otras palabras, su elección se da por un consenso dentro del Parlamento. Su mandato dura cinco años y no responde civil ni penalmente por recomendaciones u opiniones que emita durante el ejercicio de sus funciones. Además, debe actuar con independencia cuando desempeñe su labor.

Sindicato de la Defensoría pide instalación de comisión para que se asigne nuevo Defensor del Pueblo

A través de una carta pública, miembros de la sociedad civil esperan que el Congreso agente la elección del nuevo defensor del Pueblo. Foto: Defensoría del Pueblo

¿Por qué el Congreso demora en elegir al nuevo defensor del pueblo?

Este proceso de selección y posterior elección del nuevo defensor del pueblo ha recibido muchos cuestionamientos. Uno de ellos es por una presunta ilegalidad de la presencia de María del Carmen Alva en la comisión encargada.

De acuerdo a la carta que mandó el Sindicato de la Defensoría del Pueblo, este grupo especial debe estar conformado por nueve integrantes, como máximo. Sin embargo, lo conformaban los portavoces de las nueve bancadas del Congreso y adicionalmente participaban en las sesiones los miembros de la Mesa Directiva, incluida Alva. Asimismo, tampoco se le dio oportunidad a la ciudadanía para que participe en este proceso.

Por ese motivo, el sindicato presentó una acción de amparo a fin de que la elección se detenga. El juez John Javier Paredes Salas coincidió con lo solicitado y ordenó por medio de una resolución del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, que se suspendan las acciones porque no se había cumplido con los requisitos para garantizar la transparencia absoluta del evento.

El recientes martes 14 de junio, la comisión liderada por Alva suspendió el proceso y lo declaró nulo. Ahora, deberán elegir a otra comisión para que seleccione a los postulantes a defensor del pueblo.

¿Quiénes eran los candidatos que postulaban al cargo de defensor del pueblo?

El pasado 25 de mayo, ocho de los 10 portavoces de las bancadas que integran la comisión especial seleccionadora de los candidatos a defensor del pueblo presentaron las postulaciones de seis letrados: Julia Príncipe Trujillo (Avanza País), Gastón Soto Vallenas (Somos Perú), Víctor García Toma (Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular), Jorge Riojas Vallejos (Perú Democrático), Ricardo Velásquez Ramírez (Perú Libre) y Miguel Ángel Soria Fuerte (Acción Popular).

Con la nulidad del proceso deberán proponer a otros candidatos o en su defecto demostrar su idoneidad para ejercer el cargo.

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