Congreso: grupo de elección del defensor se reúne pese a fallo de suspensión
Sindicato de la Defensoría advierte desacato de María Alva al Poder Judicial. Agenda contempla evaluación de acciones “en la actual coyuntura”.
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), convocó para este martes a la cuarta sesión ordinaria de la comisión especial encargada de la elección del defensor. Esto, a pesar del mandato judicial que ordena la suspensión temporal de este proceso.
Como se recuerda, el 8 de junio el Tercer Juzgado Constitucional de Lima emitió una resolución en la que concede la medida cautelar tramitada por el Sindicato de la Defensoría del Pueblo y ordena directamente a María Alva la suspensión de la elección del defensor.
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Sin embargo, hoy hay sesión a las 3:30 p.m. con una agenda, por lo demás, difusa. El documento repartido por Alva consigna la aprobación del acta de la sesión anterior y, al final, señala lo siguiente: “Revisión del cumplimiento de los lineamientos y el cronograma, y evaluación de las siguientes acciones en la actual coyuntura”.
Es decir, la parlamentaria ni siquiera es explícita sobre si analizarán o no el mandato del Tercer Juzgado Constitucional, que ya fue notificado al Congreso la semana pasada.
Ante esta situación, el Sindicato de la Defensoría del Pueblo advirtió que hay un “abierto desacato y desobediencia a la autoridad judicial, por parte de la presidenta del Congreso”.
Cálculo. Alva anunció ampliación de legislatura alegando que hay temas relevantes a tratar. Foto: difusión
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En esa línea, adelantaron que pondrán de conocimiento del Tercer Juzgado Constitucional la convocatoria realizada para hoy, a fin de que esta instancia actúe de acuerdo a ley.
De momento, solo la bancada Cambio Democrático ha comunicado que suspenden su participación, en cumplimiento de la orden judicial.
El Poder Judicial concedió la medida cautelar solicitada por el sindicato, como parte de un proceso principal de una acción de amparo. El objetivo de la suspensión temporal de la elección es evitar un daño irremediable en caso de que se confirme la ilegalidad del proceso.
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El juez John Paredes Salas ha considerado que esta elección se realiza sin transparencia y sin el derecho de participación.
El sindicato también cuestiona la presencia de Alva como décima integrante de la comisión, cuando la Ley Orgánica de la Defensoría establece un máximo de nueve miembros.
